Las posturas y reclamos de personas con discapacidad durante la primera jornada de audiencias públicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generaron cambios significativos en el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama. La iniciativa, que busca definir cómo analizar leyes impugnadas por falta de consulta a este sector, será modificada para atender las preocupaciones expresadas por los participantes.
Preocupación de personas con discapacidad sobre la carga administrativa
Durante la primera audiencia, más de 30 participantes señalaron que la propuesta de Batres, que establecía que las comisiones de derechos humanos y otros actores solo podrían promover acciones o controversias “a solicitud de las personas con discapacidad” con un mínimo de 15 firmas, trasladaría a los afectados la carga de vigilancia sobre todas las leyes emitidas por los congresos.
Batres reconoció la importancia del señalamiento y anunció que se harán ajustes:
“Se nos está indicando que esto podría generar una carga adicional para las personas con discapacidad, que ahora tendrían que estudiar cada una de las leyes… Lo tenemos registrado y vamos a intentar atender esta preocupación”, afirmó la ministra.
Con un tono más empático, Batres se presentó ante otra treintena de personas con discapacidad y atendió solicitudes de participantes con discapacidad visual, describiéndose físicamente para facilitar la interacción.
Acción de inconstitucionalidad 182/2025 y debate sobre criterios de la Corte
El eje central de la audiencia fue la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que originó el debate sobre la posible modificación del criterio de la SCJN. Tradicionalmente, la Corte ha invalidado automáticamente normas por falta de consulta previa, medida aplicada en cerca de 50 casos en la última década.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz puntualizó las interrogantes:
- El derecho a la consulta no está en duda.
- Existe obligación de consultar.
- Si una norma beneficia a las personas con discapacidad y cumple con estándares internacionales, ¿debe invalidarse automáticamente?
- ¿Pueden las comisiones actuar sin dialogar con los afectados?
Estas preguntas guiaron la discusión durante las aproximadamente tres horas y media que duró la segunda jornada de audiencias.
Opiniones a favor y en contra del nuevo criterio
Por primera vez, surgieron posturas a favor de modificar el criterio, que permitirían analizar las leyes caso por caso en lugar de anularlas automáticamente. Juan Jesús Martínez González, de Latido Colibrí, A.C., destacó:
“Esto no es un retroceso, sino un avance fundamental hacia una inclusión más real”.
Sin embargo, otras voces defendieron la obligatoriedad de consultar siempre a las personas con discapacidad, incluso si la ley ya es favorable. Sandra Padilla Zaldo enfatizó:
“Aunque sea perfecta la ley, nos tienen que preguntar. La podemos mejorar al 300 por ciento nosotros”.
Adriana Gutiérrez, de Viendotentiendo, criticó la propuesta sobre el requisito de las 15 firmas, señalando que minimizar el derecho a la consulta podría generar falta de visibilidad, barreras estructurales y pérdida de legitimidad democrática.
Compromiso de la Corte y próximos pasos
La ministra Batres aseguró que tomará en cuenta los señalamientos de las personas con discapacidad para ajustar su proyecto, buscando evitar cargas adicionales y garantizar la protección efectiva de derechos. Las audiencias continuarán para recabar más opiniones antes de que el tribunal adopte su decisión final sobre el criterio de consulta.
El debate refleja la importancia de equilibrar la eficiencia legal con la participación activa de las personas con discapacidad, asegurando que la consulta no se convierta en un trámite burocrático, sino en un mecanismo real de inclusión y empoderamiento ciudadano.
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