El 2024 marca un antes y después en la historia política de México. Con la primera presidenta al frente y una serie de reformas que concentran el poder en el Ejecutivo Federal, el país transita hacia un régimen con menos contrapesos y mayor control centralizado.
Estas transformaciones, lejos de fortalecer la democracia, debilitan los pilares que la sostienen: la división de poderes, la transparencia y la protección de derechos fundamentales. A continuación, analizamos las reformas que marcaron el año y su impacto en el futuro del país.
Reforma al Poder Judicial: ¿democratización o control absoluto?
En septiembre, se aprobó una reforma radical al Poder Judicial, que incluyó:
- Destitución masiva: Todos los jueces, magistrados y ministros fueron cesados, reemplazados por listas elaboradas desde los tres poderes.
- Reducción de la SCJN: El número de ministros se disminuyó significativamente.
- Tribunal de Disciplina: Con amplias facultades para sancionar y remover jueces.
- Jueces sin rostro: Figura aplicada a casos de delincuencia organizada, declarada contraria a derechos fundamentales en el sistema interamericano.
Estas medidas fueron justificadas bajo la bandera de la “democratización de la justicia”, pero en la práctica refuerzan el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, eliminando su independencia.
Militarización sin límites: la nueva Guardia Nacional
Otra reforma de septiembre amplió significativamente el rol de las Fuerzas Armadas en el país:
- Control total de la Guardia Nacional: Transferida a los militares, con facultades amplias para operar en tareas de seguridad pública.
- Eliminación de controles: El presidente puede desplegar las fuerzas armadas sin autorización de la SCJN o el Congreso.
Esta medida, aunque presentada como una solución a la inseguridad, consolida la militarización de la vida pública y pone en riesgo los derechos humanos.
Reformas inimpugnables: la superioridad constitucional
En octubre, se aprobó una reforma que hace inimpugnables las modificaciones a la Constitución, eliminando la posibilidad de que el Poder Judicial revise su constitucionalidad.
Consecuencias:
- Concentración de poder: La supermayoría gobernante tiene vía libre para modificar la Constitución sin contrapesos.
- Desprotección ciudadana: Las acciones de inconstitucionalidad y amparos pierden eficacia frente a reformas constitucionales.
Adiós a los órganos autónomos: la “simplificación orgánica”
En noviembre, siete órganos autónomos fueron eliminados, entre ellos:
- INAI: Encargado de garantizar la transparencia y protección de datos personales.
- Cofece: Vigilante de la competencia económica.
- Coneval: Medía la pobreza y evaluaba programas sociales.
Estas funciones ahora recaen en el Ejecutivo, sin reglas claras ni garantías de imparcialidad, debilitando la rendición de cuentas y los derechos ciudadanos.
La prisión preventiva: culpable hasta demostrar inocencia
Otra reforma constitucional aprobada en noviembre amplió la prisión preventiva oficiosa a nuevos delitos, incluidos fiscales y relacionados con sustancias sintéticas.
- Contraria a la SCJN y convenios internacionales, esta medida obliga a detener a personas acusadas sin sentencia, erosionando la presunción de inocencia.
Narrativas engañosas: la justificación del autoritarismo
Cada reforma fue presentada bajo nombres y argumentos que distorsionan su verdadero impacto:
- “Democratización de la justicia” para justificar el control del Poder Judicial.
- “Simplificación orgánica” para eliminar órganos autónomos.
- “Reforma de la Guardia Nacional” para militarizar tareas civiles.
Estas narrativas buscan enmascarar una consolidación de poder que debilita los derechos ciudadanos y los contrapesos institucionales.
Reflexión final: ¿Hacia dónde va México?
Las reformas de 2024 configuran un régimen concentrado en el Ejecutivo, debilitando la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia de poderes.
Si bien estos cambios se justifican bajo la promesa de eficiencia y seguridad, representan un grave retroceso democrático. En un país con una historia reciente de transición democrática, el nuevo régimen plantea serias preguntas sobre el futuro de los derechos ciudadanos y la estabilidad institucional.
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