Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado que, al menos desde enero de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenía conocimiento de las operaciones delictivas del grupo criminal La Barredora, vinculado al robo y venta ilegal de hidrocarburos.
Documentos que levantan sospechas
Según documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste (CERFI), enviados al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), ya se advertía sobre una mini refinería clandestina en Agua Dulce, Veracruz, dedicada al procesamiento de combustible robado.
Los reportes detallan que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido entonces por Audomaro Martínez Zapata, cercano a AMLO, recibió la alerta en enero de 2020.
La red criminal detrás de La Barredora
En la estructura del grupo figuraba Hernán Bermúdez Requena, secretario de seguridad de Tabasco y aliado político de Adán Augusto López, exgobernador de la entidad y figura cercana al expresidente.
En segundo nivel operaba Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “Tomasín”, exasesor del secretario de seguridad. Además, los reportes señalan a Alberto Ríos Treviño “El Texano”, esposo de la exdiputada del PVEM Rosario Brindis Álvarez, como propietario de la planta y responsable de operaciones millonarias de hidrocarburo ilícito.
Intervenciones telefónicas y millones en juego
Los documentos de inteligencia revelan llamadas interceptadas donde se detallaba la entrega de 20,000 litros de combustible en Acayucan, así como la existencia de un millón de litros almacenados en la refinería clandestina.
El costo estimado de la construcción de la planta fue de 4 a 5 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones atribuidas a “El Texano”.
Huachicol junto a Dos Bocas y el Tren Maya
En julio de 2021, MCCI expuso que La Barredora operaba desde el puerto de Dos Bocas, Tabasco, a unos metros de la construcción de la refinería Olmeca, uno de los proyectos emblemáticos de AMLO.
Además, el grupo buscaba obtener beneficios del Tren Maya, ofreciendo combustible para maquinaria en Campeche y rentando terrenos estratégicos en Quintana Roo.
Una verdad incómoda para el gobierno federal
El hallazgo de estos documentos refuerza la sospecha de que el gobierno de AMLO tenía información temprana sobre las actividades ilícitas de La Barredora, sin que existiera una acción contundente para desmantelar la organización.
El caso plantea preguntas sobre la relación entre poder político, crimen organizado y megaproyectos federales, en un contexto donde la seguridad energética y la lucha contra el huachicol han sido banderas de la administración lopezobradorista.
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