El 5 de noviembre de 2024, en una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de México rechazó un proyecto que buscaba invalidar parte de la polémica reforma judicial, evitando lo que algunos temían podría haber sido una crisis constitucional. En el centro de esta controversia se encuentran las llamadas cláusulas pétreas o «eternas» de la Constitución, elementos fundamentales de la Carta Magna que, según algunos juristas, deberían ser inamovibles.
Este fallo plantea una pregunta esencial: ¿existen límites para el poder de reforma en México? Te explicamos.
¿Qué son las cláusulas pétreas y por qué son importantes?
Las cláusulas pétreas son conceptos en el derecho constitucional que se refieren a disposiciones de una constitución que, por su relevancia, deberían permanecer inalterables. Son, en teoría, los cimientos sobre los que descansa el Estado de Derecho. Sin embargo, en la Constitución mexicana no hay una lista explícita de tales cláusulas. Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte, intentó en su proyecto de sentencia definir cuáles podrían ser esas cláusulas y cómo la Corte podría protegerlas contra reformas que, según él, atentaban contra los principios básicos de la Constitución.
Para Alcántara Carrancá, la reforma judicial actual atacaba estos principios esenciales. Sin embargo, su propuesta de invalidar aspectos de la reforma encontró resistencia en el Pleno de la Corte. En un fallo histórico, el proyecto fue rechazado, poniendo en primer plano la discusión sobre los alcances y límites del poder reformador y la posición de la Corte en estos temas.
La Suprema Corte y la decisión que evitó una crisis constitucional
En la sesión del 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte enfrentó una pregunta trascendental: ¿puede el Poder Judicial limitar las reformas constitucionales que aprueba el Congreso? La propuesta de González Alcántara Carrancá representaba una postura inédita en México, pues pretendía que la Corte se arrogará la facultad de definir y proteger las cláusulas pétreas.
Esto significaría que, en caso de considerar que una reforma violenta dichos principios, la Corte podría invalidarla, aún si hubiera sido aprobada por una mayoría calificada en el Congreso y los estados.
La ministra Loretta Ortiz, junto con Yasmín Esquivel, Lenia Batres y el ministro Alberto Pérez Dayán, se opusieron a esta visión, argumentando que no existen disposiciones en la Constitución que confieran a la Corte tal autoridad.
La decisión de rechazar el proyecto evitó que el Poder Judicial pudiera tener la última palabra sobre reformas constitucionales, preservando la autonomía del Poder Legislativo y evitando una crisis en la división de poderes.
¿Existen límites para el poder reformador en México?
Uno de los temas más complejos del fallo fue el debate sobre los límites del poder reformador en México. El poder reformador es el que permite modificar la Constitución, otorgado al Congreso y los congresos estatales, que deben aprobar cualquier reforma con una mayoría calificada de dos tercios.
Aunque esta mayoría calificada establece un filtro para proteger la Constitución, la pregunta sigue abierta: ¿hay principios fundamentales que ni siquiera un Congreso puede cambiar?
Para Alcántara Carrancá, sí existen, y serían las cláusulas pétreas. Sin embargo, sin una lista explícita en la Carta Magna, la definición de estas cláusulas sigue siendo ambigua y controvertida. Este debate pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre proteger la estabilidad constitucional y permitir que la Constitución evolucione en respuesta a las necesidades del país.
La relevancia de la mayoría calificada y el papel del Congreso
El sistema mexicano establece que cualquier reforma constitucional debe contar con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Este requisito busca prevenir cambios arbitrarios o partidistas y asegurar que las modificaciones a la Constitución tengan un respaldo amplio. En la actualidad, Morena y sus aliados poseen esta mayoría calificada, lo que les permite promover reformas sin una oposición significativa.
Sin embargo, la pregunta de si un Congreso con mayoría calificada debería poder cambiar cualquier aspecto de la Constitución es uno de los puntos centrales en este debate. Las cláusulas pétreas se basan en la idea de que hay ciertos principios fundamentales —como los derechos humanos, la separación de poderes o la soberanía— que deberían estar fuera del alcance del poder reformador, por muy amplia que sea la mayoría en el Congreso.
Consecuencias del fallo de la Corte para futuras reformas
La decisión de la Suprema Corte de rechazar el proyecto de González Alcántara Carrancá marca un precedente importante. Al negarse a definir y proteger las cláusulas pétreas, la Corte ha reafirmado que el poder de reforma recae en el Congreso y los congresos estatales.
Esto significa que, mientras cumplan con los requisitos constitucionales, los legisladores tienen la libertad de modificar incluso aspectos fundamentales de la Carta Magna.
No obstante, este fallo también abre la puerta a futuros debates sobre los límites del poder reformador y el papel de la Corte en la defensa de la Constitución. ¿Debería la Suprema Corte intervenir cuando una reforma pone en peligro los principios básicos del Estado? La respuesta a esta pregunta tendrá implicaciones profundas para el equilibrio de poderes en México y para la evolución de su sistema constitucional.
El futuro de las cláusulas pétreas en México
La discusión sobre las cláusulas pétreas y los límites del poder reformador es un reflejo de la evolución democrática en México. Aunque el fallo de la Corte ha aclarado momentáneamente la posición del Poder Judicial, el tema no está cerrado. La pregunta de si ciertos principios deben estar protegidos de reformas seguirá vigente, y el país podría eventualmente enfrentar la necesidad de definir estos principios fundamentales en su Constitución.
El debate sobre las cláusulas pétreas no solo es una cuestión de derecho, sino de identidad nacional y de valores fundamentales. En un contexto político y social cada vez más complejo, México deberá encontrar un equilibrio entre proteger los principios que sostienen su democracia y permitir que la Constitución se adapte a los tiempos actuales. Este equilibrio será crucial para el futuro del país y para la preservación de su Estado de Derecho.
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