Previo al inicio de la sesión plenaria del Senado, el debate sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se retiró de la agenda de este lunes 28 de abril. Aunque el dictamen ya estaba aprobado en comisiones y listo para discutirse en el Pleno, terminó saliendo del orden del día.
La razón detrás de esta decisión fue el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió abrir un espacio de diálogo amplio. Con el objetivo de evitar malas interpretaciones que hicieran pensar en un intento de censura contra redes sociales, plataformas digitales o medios de comunicación.
Reuniones rápidas sobre la Ley Telecom
Tras el anuncio, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, confirmó que se programaron reuniones, una este mismo lunes entre senadores y representantes del gobierno federal, y otra el martes con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión.
Según informó, la idea es escuchar las preocupaciones, recibir propuestas de ajuste y garantizar que el dictamen final no ponga en riesgo la libertad de expresión ni la diversidad en internet.
Sheinbaum y el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil
Otro de los temas polémicos de la iniciativa de Sheinbaum es la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. La mandataria insiste en la creación de un registro de usuarios similar al padrón que quería hacer el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que la Suprema Corte declaró inconstitucional porque violaba el derecho a la privacidad.
De acuerdo con el artículo 8 de la nueva propuesta enviada por Sheinbaum al Senado, sería la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Merino, la encargada de administrar este registro.
Según la iniciativa, esta Agencia tendría la facultad de emitir lineamientos obligatorios para concesionarios y operadores de servicios móviles, sumando en total 66 atribuciones muy poderosas.
¿Por qué preocupaba tanto el artículo 109?
Uno de los puntos que más encendió alarmas fue el artículo 109. La redacción inicial habría facultado a la autoridad competente para bloquear determinadas plataformas digitales o redes sociales, sin precisar los criterios o condiciones de aplicación. Sectores advierten de una amenaza directa a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces en el entorno digital.
Por ahora, la discusión de la Ley Telecom se mantiene en pausa. El Senado planea abrir un parlamento abierto para escuchar a especialistas, organismos de derechos humanos, representantes de la industria y funcionarios, antes de tomar una decisión.
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