En un nuevo episodio de «El martes del Jaguar», Layda Sansores San Román ratificó su apoyo al nombramiento de Jorge Luis Lavalle Maury como secretario de Desarrollo Económico. A pesar de las graves acusaciones que lo vinculan con el escándalo de sobornos de Odebrecht, la actual gobernadora de Campeche, afirmó que está dispuesta a “pagar las facturas que tenga que pagar” por la decisión de incluir al exsenador panista en su equipo de trabajo.
Este respaldo se produce en un momento de controversia, ya que Lavalle Maury está implicado en casos de sobornos relacionados con la empresa Odebrecht, que involucraron a varios políticos mexicanos. Sin embargo, la gobernadora de Campeche, respaldada por su equipo legal, se muestra firme en su postura, argumentando que no existe una sentencia en su contra y que las investigaciones por corrupción no han resultado en una condena.
El proceso legal de Lavalle Maury
Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue uno de los senadores que apoyó la Reforma Energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha estado bajo investigación por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, derivadas del caso Odebrecht. Sin embargo, el consejero jurídico del estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, dejó claro que, hasta el momento, no existe una sentencia que impida que Lavalle ocupe el cargo de secretario.
Según Alcudia, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó que no había pruebas suficientes para imputar a Lavalle por responsabilidad administrativa, y destacó que no ha sido inhabilitado ni condenado en los procedimientos legales que se le han seguido. A pesar de que Lavalle está en libertad condicional, con un brazalete de geolocalización y la obligación de presentarse cada 15 días ante las autoridades, su situación legal aún no le impide asumir el cargo, según la normativa vigente.
La defensa de Sansores ante las críticas
A pesar de los cuestionamientos, tanto de la prensa como de algunos sectores dentro del mismo movimiento de Morena, Sansores se mantiene firme en su decisión de mantener a Lavalle en su equipo de trabajo. La gobernadora campechana respondió de manera desafiante a sus detractores, afirmando que “pagaría las facturas que tenga que pagar” por su decisión, reiterando que los señalamientos en contra del exsenador no están sustentados en pruebas legales.
«¿Por qué señalarlo si no ha sido sentenciado? ¿Por qué atacarlo si no existe una sola prueba?», exclamó Sansores durante la emisión de su programa, defendiendo el principio de presunción de inocencia que, según ella, todos los mexicanos merecen. La gobernadora también desafió a periodistas y críticos a presentar pruebas que sustenten las acusaciones de sobornos.
¿Una segunda oportunidad para todos?
En el contexto de la defensa de Lavalle, Sansores recordó que todos merecen una segunda oportunidad. Al igual que muchos de los exfuncionarios que trabajaron en administraciones anteriores, Lavalle no ha sido condenado por los hechos que se le imputan, y por lo tanto, según la gobernadora, debería ser juzgado de acuerdo con los principios del Estado de derecho.
Este discurso se alinea con la postura de la gobernadora de dar espacio a las segundas oportunidades para aquellos que han estado involucrados en situaciones controvertidas. A través de su defensa de Lavalle, Sansores busca posicionar un mensaje de justicia y equidad para todos, independientemente de su pasado político.
Impacto de las decisiones de Layda Sansores
La controversia generada por el nombramiento de Lavalle Maury como secretario de Desarrollo Económico refleja las tensiones dentro del actual panorama político de México, especialmente en la gobernanza de Morena. Mientras que algunos ven el respaldo de Sansores como un acto de justicia y lealtad, otros lo consideran un riesgo para la imagen de la administración estatal.
En este contexto, las acciones de la gobernadora campechana destacan por su enfoque desafiante y su voluntad de enfrentarse a la crítica pública. A medida que el caso de Lavalle avanza, será interesante observar cómo estas decisiones afectan tanto la administración de Campeche como la imagen de Morena a nivel nacional.
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