Sanciones impuestas por el TEPJF despiertan preocupación

La comunicadora Karla Estrella anunció que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras ser sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a raíz de una denuncia por violencia política de género presentada por la diputada Diana Karina Barreras.

Durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Estrella expresó su desacuerdo con la decisión del tribunal, aunque afirmó que ha decidido cumplir con todas las medidas impuestas para evitar que su situación se agrave y pueda poner en riesgo la seguridad de su familia.

“No quiero ponerme en una situación de más vulnerabilidad para mí o para mi familia, entonces, aunque no estoy de acuerdo, tengo que cumplir”, explicó.

Las sanciones: desde multa hasta disculpas públicas

De acuerdo con lo detallado por Karla Estrella, las sanciones impuestas por el TEPJF incluyen una serie de medidas que considera desproporcionadas y restrictivas de su libertad de expresión:

• Multa equivalente a 10 UMAS
• Curso obligatorio sobre violencia de género
• Lectura de bibliografía especializada
• Publicación de disculpas públicas
• Incorporación por 18 meses en el padrón de personas sancionadas por violencia política de género

Además, advirtió que, en caso de no acatar las medidas, podrían imponerse sanciones adicionales, incluyendo multas mayores e incluso el congelamiento de sus cuentas bancarias, lo que le impediría el acceso a sus recursos personales.

Riesgos para la libertad de expresión

El caso ha provocado una fuerte reacción por parte de periodistas, analistas y sectores de la sociedad civil, quienes alertan sobre posibles excesos judiciales en el manejo de denuncias por violencia política.

El periodista Joaquín López-Dóriga expresó su indignación ante la situación de Karla Estrella, calificando las medidas impuestas como una amenaza directa a los derechos humanos y a la libertad de opinión en México.

“Una vergüenza para el Estado mexicano, una vergüenza para el respeto a los derechos humanos, una vergüenza para la libertad”, sentenció López-Dóriga en su espacio informativo.

Estas declaraciones se suman a un debate cada vez más intenso sobre la proporcionalidad de las sanciones en casos de violencia política, especialmente cuando las figuras sancionadas no ocupan cargos públicos ni cuentan con fueros.

El camino hacia la Corte Interamericana

Ante este panorama, Karla Estrella ha decidido escalar el caso a instancias internacionales. Llevarlo a la Corte Interamericana representa, en sus palabras, una forma de buscar justicia desde una perspectiva más amplia, que considere el equilibrio entre garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género y proteger los principios fundamentales de la democracia, como el derecho a disentir y expresarse.

En América Latina, cada vez más personas recurren al Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando consideran que las vías nacionales han sido insuficientes o injustas. La Corte, con sede en San José, Costa Rica, ha conocido casos emblemáticos en los que ha ordenado reparaciones a víctimas de sanciones o abusos estatales.

Un caso que sienta precedentes

Este caso podría marcar un precedente importante en la relación entre libertad de expresión, justicia electoral y lucha contra la violencia de género. Si bien es indispensable atender y sancionar conductas que perpetúen desigualdades o discursos de odio, también lo es proteger el derecho a la crítica, incluso cuando esta resulta incómoda para el poder.

Mientras tanto, la controversia sigue creciendo y muchos observadores nacionales e internacionales estarán atentos al desenlace. En juego están no solo los derechos de Karla Estrella, sino también el equilibrio entre proteger a las mujeres en la política y evitar que se utilicen los mecanismos legales para limitar la voz de quienes opinan o denuncian.