El contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia, buscó protección federal mediante dos juicios de amparo. Sin embargo, el juzgado 16 de distrito en materia penal con sede en Ciudad de México determinó que no aportó elementos suficientes para demostrar riesgo de tortura o incomunicación.
El juez José Elías Pacheco Martínez señaló que el acusado no presentó información indiciaria que sugiriera que sería objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni desaparición forzada. Por ello, la suspensión definitiva fue negada, dejando el camino libre para que la Fiscalía proceda con la audiencia inicial.
Acusaciones contra Farías Laguna
Fernando Farías enfrenta una orden de aprehensión por formar parte de una red de corrupción y tráfico ilegal de combustible procedente de Estados Unidos hacia México.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) imputará al contralmirante participar junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, y otros mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), así como personal de aduanas y representantes de empresas aduaneras.
Hasta ahora, 14 integrantes de la red ya fueron detenidos y vinculados a proceso penal, mientras que Farías Laguna continúa prófugo.
Procedimiento legal y audiencias
El juicio de amparo presentado por Farías Laguna fue admitido a trámite el 24 de septiembre, y debe pagar una garantía de 50 mil pesos en cinco días hábiles.
El primer amparo obtenido permite a Farías asistir a la audiencia inicial programada para el 2 de octubre en el Centro Federal de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Una segunda audiencia está programada para el 5 de noviembre a las 11:30 horas, en la que se revisará la continuación del proceso penal en su contra.
Impacto del caso en la Secretaría de Marina
Este caso ha puesto bajo la lupa a altos mandos de la SEMAR y a funcionarios relacionados con la supervisión de aduanas y transporte marítimo de combustible. Las investigaciones buscan desarticular redes de corrupción que afectan directamente la seguridad y economía del país.
Especialistas en derecho penal destacan que la negativa del amparo confirma que la justicia federal actúa sobre indicios sólidos de corrupción, priorizando la protección del interés público frente a intentos de amparo de acusados con cargos graves.
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