México celebró el 1 de junio de 2025 sus primeras elecciones judiciales federales, un evento sin precedentes a nivel global, que, a pesar de ser defendido como un paso hacia la democratización, se vio empañado por una participación electoral históricamente baja del 13%.
El domingo, México marcó un hito en su historia democrática al celebrar las primeras elecciones judiciales federales, donde los ciudadanos votaron directamente para elegir a jueces de todos los niveles, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca reemplazar el sistema de nombramientos por voto popular, reduciendo el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y limitando sus mandatos a doce años.
Los defensores de la reforma, incluyendo a Sheinbaum y López Obrador, argumentan que la elección popular erradicará la corrupción y acercará la justicia al pueblo, afirmando que «México es el país más democrático del mundo». Sin embargo, la jornada electoral reveló una realidad contrastante: la participación fue de aproximadamente el 13% del electorado, una cifra significativamente inferior a la de las elecciones federales de 2024.
Legitimidad en entredicho por baja participación
La baja participación en una elección de tal magnitud ha generado serios cuestionamientos sobre la legitimidad popular de los jueces electos. Si solo una pequeña fracción del electorado participa, la narrativa de «el pueblo elige» se debilita. Críticos, entre ellos exjueces y expertos legales, han advertido que esta reforma podría debilitar los contrapesos, politizar los tribunales y, potencialmente, permitir la elección de jueces parciales o con vínculos al crimen organizado.
El proceso de selección de candidatos también ha sido objeto de controversia. Aunque la Constitución establece comités de evaluación de los tres poderes para filtrar a los aspirantes, se ha denunciado que Morena y sus aliados controlaron la mayoría de estos comités. Además, se reportaron casos de «guías» o «acordeones» de voto distribuidas por funcionarios de Morena, lo que el INE está investigando como posible «coerción». La exclusión de ciudadanos en el conteo de votos en las casillas, por primera vez en 34 años, también ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia del proceso.
«La forma en que se diseñó esta reforma no da a la gente un mayor acceso a la justicia. Fue diseñada para tomar el control del poder judicial y desdibujar la división de poderes.»— Georgina De la Fuente, especialista electoral de Estrategia Electoral.
Implicaciones a largo plazo
La reforma judicial ha provocado protestas de jueces y personal judicial, un «fuerte reproche» de la administración Biden y preocupación entre inversores internacionales, lo que ha afectado la confianza y el valor del peso mexicano. La independencia judicial es un pilar fundamental para la confianza de los inversores. Si el poder judicial es percibido como politizado o susceptible a la influencia del crimen organizado, la seguridad jurídica para las inversiones se ve comprometida.
Esto podría «socavar la confianza de los inversores, debilitar la aplicación de contratos y complicar los mecanismos de resolución de disputas», lo cual es crítico para la relación económica con Norteamérica. La revisión del T-MEC en 2026 podría poner el Estado de Derecho en México como un tema central, potencialmente haciendo al país un «socio comercial y de inversión menos predecible y fiable».
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