En los últimos días, las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han causado un revuelo en México. Harfuch aseguró que la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos fue posible gracias a acuerdos entre jueces y organizaciones criminales. Esta afirmación, que no ha sido respaldada por pruebas sólidas, ha sido rápidamente rechazada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quienes aseguran que las acusaciones son una táctica para desviar la atención pública ante la creciente presión internacional.
La acusación de Harfuch y su impacto en el Poder Judicial
Las acusaciones de Harfuch apuntan directamente a jueces que, según él, habrían buscado liberar a criminales mediante acuerdos ilegales. Sin embargo, la JUFED señala que estas declaraciones carecen de fundamento y que, de hecho, solo buscan deslegitimar al Poder Judicial mexicano.
La asociación emitió un comunicado en el que explica que estas acusaciones surgen en un contexto de presiones por parte de Estados Unidos. Desde que el presidente Joe Biden y la Casa Blanca apuntaron que México está vinculado a cárteles de droga, la seguridad y justicia en el país se han visto cada vez más bajo el escrutinio internacional. De hecho, el mismo expresidente Donald Trump insistió en que México está siendo controlado en gran parte por los cárteles, lo que ha generado una serie de tensiones diplomáticas y políticas.
La respuesta de la JUFED: “No hay pruebas”
La JUFED no tardó en manifestar su rechazo a las palabras de Harfuch, alegando que no existe evidencia alguna que respalde sus acusaciones. El comunicado de la asociación afirma que “la afirmación de que existen acuerdos con jueces para favorecer intereses ilegales es absolutamente falsa y carece de cualquier sustento probatorio”. Además, aclaran que, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna acusación formal contra los jueces señalados.
El papel del Poder Judicial en la seguridad nacional
El debate se intensifica cuando se analizan las palabras de la JUFED, quienes señalan que las acusaciones de Harfuch son parte de un intento de desviar la atención de un problema más profundo: la inseguridad en México. Según la JUFED, la seguridad y la justicia no deben construirse mediante discursos que descalifican a las instituciones, sino con acciones que aborden las causas de la violencia y el crimen organizado en el país.
En este sentido, la asociación hace un llamado a la reflexión y al respeto a las figuras juzgadoras, quienes, según argumentan, no son responsables de la crisis de seguridad que vive México. En lugar de atacar al Poder Judicial, las autoridades deberían centrarse en erradicar las raíces de la violencia y la corrupción.
Contexto de presiones internacionales
El panorama internacional también juega un papel clave en esta discusión. La reciente decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a México, Canadá y China, y las declaraciones de la Casa Blanca sobre los vínculos del gobierno mexicano con los cárteles, han puesto presión sobre las autoridades mexicanas. Sin embargo, la JUFED subraya que estas presiones no deben servir como excusa para menoscabar el trabajo del Poder Judicial, una institución clave en la preservación del Estado de Derecho en el país.
Un llamado al respeto y la transparencia
Finalmente, la JUFED hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para que se respete la independencia del Poder Judicial y se fomente una cultura de transparencia y justicia. Si bien el contexto de inseguridad en México es complejo, los jueces y magistrados no son los culpables de la violencia que azota al país. El verdadero desafío radica en abordar las causas subyacentes del crimen y trabajar en soluciones a largo plazo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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