El Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia de Campeche, a cargo de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, resolvió extender por tres meses más las medidas cautelares de censura previa contra la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., editora del periódico Tribuna, y contra el periodista Jorge González Valdez.

Esta decisión mantiene vigente la obligación de que todas las notas relacionadas con la gobernadora Layda Sansores San Román sean revisadas por un censor designado por el Poder Judicial antes de su publicación, tanto en la versión impresa como digital del diario.

Audiencia decisiva y alcance de la medida

La determinación fue tomada durante una audiencia que se prolongó por cuatro horas, celebrada el lunes 15 de septiembre. Durante la sesión, la jueza de control ratificó la vigencia de las medidas y decidió ampliarlas para incluir al periodista Jorge González Valdez, quien ahora deberá cumplir con las mismas restricciones que el medio.

El acuerdo judicial establece que cada publicación sobre la gobernadora debe enviarse previamente a revisión, con un plazo máximo de 30 minutos para que el censor emita observaciones, proponga modificaciones o incluso prohíba la difusión del contenido en la plataforma digital.

En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá directamente sobre el representante legal de la editorial y sobre el periodista implicado, lo que enfatiza la obligatoriedad de acatar la medida.

Objetivo declarado de la censura

Según el acuerdo emitido por el juzgado, el propósito de la medida es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora Layda Sansores San Román.

• Las restricciones buscan controlar la publicación de información que pueda interpretarse como injuriosa o atentatoria contra la figura pública.
• Se trata de una medida cautelar preventiva, con vigencia limitada pero prorrogable, cuyo cumplimiento es supervisado directamente por el Poder Judicial.

Reacciones del medio editorial

La Organización Editorial del Sureste, responsable de Tribuna, ha señalado que la extensión de las medidas ratifica y amplía el esquema de censura previa.

• La editorial considera que la disposición somete bajo supervisión directa tanto al medio como al periodista durante un período adicional de tres meses.
• Esto implica que cualquier contenido que involucre a la gobernadora debe pasar por un filtro judicial antes de llegar al público, afectando la autonomía editorial y la velocidad de difusión de noticias.

Implicaciones para la libertad de prensa

La decisión de la jueza ha generado un debate sobre la libertad de expresión y el papel del periodismo en Campeche.

• La medida representa un caso de censura previa, práctica poco común que limita la publicación de información antes de que sea difundida.
• Expertos en derecho y medios destacan que este tipo de disposiciones pueden generar un efecto inhibitorio sobre la cobertura periodística y la crítica hacia figuras públicas.
• Sin embargo, el juzgado sostiene que la medida es provisional y limitada en el tiempo, con el objetivo de proteger la reputación de la gobernadora.

Contexto legal y procedimiento

Las medidas cautelares de censura fueron inicialmente impuestas por el juzgado para garantizar que la información publicada no fuera ofensiva o discriminatoria, en cumplimiento con los lineamientos de protección de la dignidad y derechos de las personas.

• El procedimiento implica que el medio de comunicación y el periodista envíen las notas a un censor designado por la autoridad judicial.
• Este sistema permite que se hagan observaciones o modificaciones antes de la difusión, asegurando que los contenidos cumplan con los parámetros establecidos por la ley.

La extensión por tres meses más de las medidas cautelares de censura al diario Tribuna y al periodista Jorge González Valdez marca un momento significativo en el debate sobre libertad de prensa, censura y protección de figuras públicas en Campeche.

Si bien el objetivo declarado es evitar la difusión de contenidos ofensivos hacia la gobernadora Layda Sansores San Román, la decisión también plantea cuestiones sobre la autonomía editorial y la forma en que los medios informan a la sociedad.

Durante este periodo, tanto la editorial como el periodista deberán cumplir estrictamente con las disposiciones judiciales, lo que subraya la importancia de la supervisión y el cumplimiento legal, así como el equilibrio entre libertad de expresión y protección de la reputación de los funcionarios públicos.