INE y reforma judicial: el cuestionamiento de Monreal sobre el gasto millonario
El senador Ricardo Monreal ha manifestado su preocupación ante el elevado presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos solicitado por el INE para organizar elecciones judiciales. Este gasto, considerado “exagerado” por Monreal, ha encendido el debate en el Congreso, pues la Cámara de Diputados aún debe dar su visto bueno final. La polémica coincide con otros desafíos para el INE, como la incertidumbre judicial y la inseguridad creciente en estados como Sinaloa.
Monreal en desacuerdo: “La Cámara de Diputados tiene la última palabra”
El líder morenista Ricardo Monreal ha sido enfático en señalar que el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar las elecciones de jueces, magistrados y ministros, que asciende a 13 mil 205 millones de pesos, es una “exageración”. Durante una conferencia, Monreal recordó que, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, buscará que la Cámara de Diputados revise este monto antes de autorizarlo.
Monreal advirtió que, aunque se trata de un gasto precautorio, la cifra final dependerá de la evaluación en San Lázaro. Este tema se presenta en un momento en el que el gobierno busca reducir costos y hacer más eficiente el uso de recursos públicos. ¿Es viable el gasto? Para Monreal y otros legisladores, la respuesta parece ser negativa, o al menos dudosa.
El INE y la “incertidumbre” sobre la reforma judicial
La incertidumbre que rodea a la reforma judicial afecta también al INE. Durante una sesión reciente, el consejero Jaime Rivera propuso posponer el punto del presupuesto destinado a las elecciones judiciales debido a la expectativa de la votación en la Suprema Corte sobre la reforma. En esta sesión, algunos consejeros expresaron dudas sobre el impacto del gasto, y aunque se decretó un receso de dos horas para debatir, finalmente el presupuesto quedó aprobado con la misma cantidad precautoria.
Rivera sugirió que, de posponerse la elección, el INE podría revisar el monto total destinado a esta actividad. Sin embargo, en medio de una sesión virtual, el debate no tuvo el peso que muchos esperaban. La decisión de aprobar el presupuesto precautorio a distancia, sin mayores argumentos, provocó críticas en la opinión pública, quienes cuestionan la transparencia y justificación de este millonario gasto.
En Sinaloa, la inseguridad sigue dominando
El ambiente de inestabilidad que atraviesa México se refleja también en los altos niveles de inseguridad en estados como Sinaloa. En medio de la crisis de violencia, el reciente asesinato de Jorge Pereza Bernal, un restaurantero conocido en Culiacán, destaca la gravedad de la situación. La tragedia de Pereza, quien recientemente había sido reconocido por su trayectoria, representa el tercer caso de violencia grave en menos de dos meses en el estado.
La situación preocupa también en el contexto del INE, que deberá implementar el presupuesto electoral en escenarios donde la inseguridad representa un desafío logístico. Ante estos hechos, el gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta presiones para mejorar las condiciones de seguridad, mientras ciudadanos y empresarios exigen medidas concretas que permitan recuperar la paz en la región.
La “intermitencia técnica” en San Lázaro: ¿Un voto fantasma?
Otro escándalo reciente ha sido la acusación de un “voto fantasma” en la Cámara de Diputados, que involucró al legislador Pedro Haces, quien, en lugar de asistir a una sesión plenaria, se encontraba en Nueva York viendo un partido de béisbol. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, se vio obligado a justificar la situación ante la prensa, alegando una “intermitencia técnica” en el sistema de votación virtual.
El incidente ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre el uso del sistema virtual de votación, y también ha puesto en duda la eficiencia del Congreso para supervisar sus procesos internos. Algunos sectores consideran que el “voto fantasma” debilita la credibilidad del Congreso en un momento en que la reforma judicial y la elección de nuevos jueces dependen de la seriedad y transparencia de los legisladores.
Iniciativas para repartidores: la 4T se acerca a las plataformas digitales
En otro ámbito, el gobierno federal ha dado un paso hacia la regulación laboral en las plataformas digitales. Tras un largo proceso de mesas de trabajo, la Secretaría del Trabajo, en colaboración con empresas como Uber, DiDi y Rappi, presentó una iniciativa para garantizar derechos laborales básicos para los repartidores de estas plataformas. Marath Bolaños, titular de la Secretaría, señaló que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum incluye medidas de flexibilidad, pero también de seguridad laboral, con el objetivo de equilibrar los derechos de los trabajadores sin afectar el modelo de negocio.
Este acuerdo marca un avance importante en la regulación de la economía digital y representa una de las prioridades de la administración actual, conocida como la “4T”, en su agenda social y laboral. Para muchos, es un ejemplo de cómo el gobierno puede adaptarse a los nuevos modelos laborales sin poner en riesgo su funcionamiento.
Firmas ciudadanas en la SCJN: un llamado a la reflexión sobre la reforma judicial
A pocos días de la votación sobre la reforma judicial en la SCJN, los diputados de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros y Armando Ruiz, entregaron un amicus curiae con más de 7 mil firmas de ciudadanos que se oponen a la reforma. Este documento tiene como objetivo demostrar el rechazo de una parte de la sociedad mexicana y subrayar la preocupación de los ciudadanos por el futuro de la justicia en México. La SCJN deberá ahora revisar esta iniciativa, lo que podría influir en su análisis de la reforma.
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