Guadalupe Taddei y la solicitud de ampliación presupuestal
En un contexto marcado por retos financieros y demandas históricas, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que se solicitará una ampliación presupuestal en los primeros días de enero de 2025. Esto surge como respuesta a un significativo recorte del 52% en los recursos originalmente solicitados para organizar las primeras elecciones del Poder Judicial, programadas para el 1 de junio de 2025.
El INE había solicitado un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos, pero solo contará con 6 mil 329 millones, lo que ha obligado al organismo a tomar medidas drásticas, incluyendo recortes en áreas como papelería y renovación vehicular.
Las elecciones del Poder Judicial: un reto sin precedentes
Estas elecciones históricas permitirán que los ciudadanos elijan por primera vez a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados. Ante este escenario, el INE ha enfatizado la necesidad de garantizar la operatividad básica del proceso.
“Nos hemos comprometido a realizar ajustes en actividades secundarias para priorizar las esenciales”, declaró Guadalupe Taddei. Sin embargo, esta estrategia ha generado inquietudes entre partidos políticos, quienes han solicitado mayor claridad sobre los proyectos afectados.
Observadores electorales: una invitación a la ciudadanía
El INE también ha llamado a la ciudadanía a participar como observadores electorales en los próximos comicios del Poder Judicial. Los interesados deberán registrarse antes del 7 de mayo de 2025 y cumplir requisitos como tener una credencial de elector vigente. Los observadores jugarán un papel clave al monitorear y analizar las actividades del proceso electoral.
Impacto de los recortes presupuestales en el INE
Los ajustes presupuestales no solo afectan la organización de las elecciones, sino también la confianza en la reforma del Poder Judicial. La consejera presidenta expresó su esperanza de que la ampliación presupuestal solicitada en enero sea aprobada, lo que permitiría al INE cumplir con sus responsabilidades sin comprometer la calidad del proceso electoral.
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