NE, Austeridad y Presupuesto 2025: ¿Hacia una Democracia Recortada?
En medio de debates y tensiones, la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados expresó su enojo hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) y su propuesta de presupuesto para 2025. En sus palabras, si el INE no reduce el presupuesto previsto para la elección de jueces el próximo año, entonces los diputados harán el recorte. Este presupuesto, criticado por algunos como “excesivo”, responde a las complejidades y necesidades de un proceso electoral que, a diferencia de otros años, involucra nuevas elecciones de jueces en un formato inédito en México.
Esta declaración surge en un contexto donde la “austeridad republicana” promovida por el gobierno busca reducir gastos considerados innecesarios. Con la reciente Ley Federal de Austeridad Republicana de 2019, el gobierno ha enmarcado esta política de ahorro como una estrategia contra la desigualdad y el despilfarro, con un enfoque que prioriza programas sociales como la Pensión para el Bienestar. Sin embargo, surgen dudas sobre si la austeridad aplicada a estos sectores fundamentales de la democracia representa una prudente administración de los recursos o un “austericidio”.
Austeridad en el INE: ¿Eficiencia o Riesgo para la Democracia?
El presupuesto del INE para el próximo ejercicio ha sido considerado alto, pero responde a los costos de un proceso electoral que no tiene precedentes en su complejidad. Este año, además de las elecciones presidenciales, el país enfrenta la organización de un proceso inédito: la elección de jueces. Un ejercicio de este tipo requiere recursos adicionales para garantizar transparencia y acceso a todos los ciudadanos.
La austeridad, en teoría, busca racionalizar el gasto; sin embargo, expertos argumentan que aplicar estos recortes en instituciones que protegen la democracia y los derechos ciudadanos podría tener consecuencias irreparables. La pregunta que se plantea es: ¿por qué se autorizó un proyecto de esta magnitud sin prever su impacto financiero?
Desaparición de Órganos Autónomos: Un Ahorro Controversial
Otro punto en el debate presupuestal es la desaparición de organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Según los diputados del bloque oficialista, la desaparición de estos organismos permitirá reducir “gastos innecesarios” y duplicidades. Se espera que el ahorro se destine al fondo de pensiones para el bienestar, un programa clave de la actual administración.
Sin embargo, el gasto total de estos organismos representa apenas el 0.05% del presupuesto nacional. Esta cifra es pequeña en comparación con el impacto de prescindir de entidades que actúan como contrapesos y promueven la transparencia y la competitividad. La posibilidad de eliminar estos órganos ha encendido las alarmas entre sectores de la sociedad civil, que advierten que el costo de esta decisión podría ser la erosión de derechos fundamentales y una menor rendición de cuentas.
Gasto Social y Austeridad: ¿Hasta Dónde es Sostenible?
La administración actual ha defendido la expansión del gasto social como una obligación para apoyar a los sectores más vulnerables de la población. La Pensión para el Bienestar y otros programas sociales han aumentado significativamente, representando una parte importante del presupuesto. Sin embargo, algunos analistas sugieren que esta inversión, sin una planificación a largo plazo, podría volverse insostenible. Cuando el gasto social crece a costa de la inversión en salud, educación y seguridad, se corre el riesgo de que la misma población beneficiaria termine afectada por servicios deficientes.
¿Austeridad o “Austericidio”? El Debate sobre la Sostenibilidad Financiera
El término “austericidio” ha sido acuñado para describir una austeridad que en lugar de ahorrar, asfixia a instituciones esenciales. Esta política de reducción de gasto a cualquier costo es percibida por muchos como un obstáculo para el desarrollo sostenible. ¿Es realmente necesario recortar sectores clave para mantener los programas sociales? Y, si es así, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo para la estabilidad económica y democrática?
Cada vez más expertos advierten que si bien la austeridad busca racionalizar el gasto, los recortes en órganos fundamentales para la democracia podrían reducir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y afectar la calidad de los servicios públicos. La austeridad en exceso podría resultar en un “austericidio” que ahogue a las instituciones y provoque más desigualdad y desconfianza hacia el gobierno.
Hacia una Austeridad Responsable
El desafío que enfrenta el gobierno federal en 2025 es grande: equilibrar la responsabilidad fiscal con la necesidad de mantener instituciones democráticas y servicios públicos esenciales. La austeridad no debe ser un fin en sí misma, sino una herramienta para asegurar que los recursos lleguen a los sectores donde más se necesitan sin debilitar las instituciones que protegen a la ciudadanía.
La próxima aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación será una prueba crucial para el gobierno. Las decisiones tomadas en este contexto definirán el camino de México hacia una administración más equilibrada y un futuro en el que el bienestar y la justicia sean compatibles con la estabilidad financiera.
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