El presupuesto como arma política: Prioridades y consecuencias
En México, el presupuesto federal no es solo un instrumento financiero, sino una declaración política. Cada asignación refleja las prioridades del gobierno en turno y, a veces, deja entrever estrategias que trascienden la administración pública.
En el presupuesto 2025, los recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial han levantado alertas. Estas decisiones no solo limitan la operación de estas instituciones, sino que también envían un mensaje claro: la subordinación del equilibrio de poderes a favor de una concentración de poder.
Un golpe al Poder Judicial: Cooptación disfrazada de austeridad
El Poder Judicial, baluarte de los derechos ciudadanos y el Estado de Derecho, enfrenta un duro golpe presupuestal. Este recorte no es aislado, sino parte de una estrategia que busca mermar su capacidad de actuar como contrapeso.
Con menos recursos, los tribunales tendrán mayores dificultades para impartir justicia, ejecutar resoluciones y garantizar el acceso a derechos fundamentales. Más preocupante aún es el efecto simbólico: una justicia debilitada se percibe como una justicia sometida.
El INE bajo presión: ¿Elecciones de primera y segunda clase?
El INE, institución clave para la democracia mexicana, también fue afectado por los recortes. Organizar elecciones, garantizar su transparencia y asegurar la participación ciudadana requiere recursos. Con un presupuesto reducido, las elecciones de jueces federales en 2025 podrían no alcanzar los estándares de calidad anteriores.
¿Qué está en juego?
- Organización limitada: La instalación de casillas, capacitación de funcionarios y supervisión electoral serán más complicadas.
- Credibilidad en peligro: Sin recursos suficientes, los procesos electorales podrían perder legitimidad ante los ojos de los ciudadanos.
- Participación ciudadana comprometida: La desconfianza podría desincentivar la votación, abriendo la puerta a elecciones cuestionadas.
Austeridad o concentración de poder: La narrativa de la 4T
El gobierno de la 4T ha utilizado la austeridad como estandarte político. Sin embargo, los recortes al Poder Judicial y al INE no parecen estar dirigidos a optimizar recursos, sino a debilitar instituciones autónomas.
Mientras el Ejecutivo mantiene un presupuesto robusto para sus programas insignia, las instituciones que actúan como contrapesos enfrentan limitaciones que afectan su operación y, por ende, la calidad democrática del país.
Las consecuencias para la democracia mexicana
La democracia no solo se mide por la cantidad de elecciones realizadas, sino por su calidad. Los recortes al INE y al Poder Judicial generan un desequilibrio que podría tener implicaciones profundas:
- Debilitamiento del equilibrio de poderes: Con un Poder Judicial limitado, el Ejecutivo y el Legislativo consolidan su fuerza sin contrapesos efectivos.
- Falta de confianza ciudadana: Elecciones mal organizadas o justicia insuficiente alimentan la desconfianza en las instituciones democráticas.
- Riesgo de autoritarismo: Concentrar el poder en una sola esfera puede derivar en decisiones unilaterales que vulneren derechos y libertades.
La responsabilidad de la sociedad civil y los ciudadanos
Frente a este panorama, la sociedad civil tiene un papel crucial. Exigir transparencia, rendición de cuentas y la restitución de presupuestos adecuados es esencial para evitar el deterioro de nuestra democracia.
La Suprema Corte ha señalado que los recortes a instituciones autónomas deben justificarse, pero hasta ahora, la Cámara de Diputados no ha ofrecido explicaciones claras. Este desacato a la sentencia de la Corte no solo es un atropello legal, sino un atentado contra la independencia de las instituciones.
Defender la democracia es responsabilidad de todos
La democracia mexicana atraviesa una prueba de resistencia. Los recortes al Poder Judicial y al INE son más que un ajuste financiero; son un intento por debilitar los cimientos de nuestra democracia.
El mensaje es claro: sin un contrapeso efectivo, el equilibrio de poderes se inclina peligrosamente hacia un modelo centralista. En este contexto, defender nuestras instituciones no es una opción, sino una obligación compartida.
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