El Instituto Nacional Electoral (INE) está en una encrucijada. Con la publicación del Presupuesto de Egresos 2025 en el Diario Oficial de la Federación, el órgano electoral enfrenta un recorte de 13 mil millones de pesos, lo que pone en jaque su capacidad para cumplir con todas sus funciones, incluida la organización de las Elecciones Judiciales del próximo año.
¿Cómo impactará esta situación en la vida democrática del país? Te contamos los detalles y el trasfondo de esta complicada decisión.
Un recorte que obliga a decisiones difíciles
En entrevista para Milenio TV, el consejero electoral Uuc-kib Espadas explicó que este recorte implica ajustes severos:
“Tuvimos un recorte de 13 mil millones en relación a lo que requeríamos. (…) Esto exigirá sacrificios severos para el INE”.
De estos 13 mil millones, aproximadamente 4 mil se destinarían a una consulta popular que no se llevará a cabo en 2025, dejando un déficit operativo de 9 mil millones. Según Espadas, los consejeros trabajan contrarreloj para evaluar qué proyectos reducir, posponer o cancelar con el menor impacto posible en el desempeño del instituto.
Elecciones Judiciales: ¿un proceso en peligro?
El recorte afecta directamente las Elecciones Judiciales, un proceso inédito en el que la ciudadanía elegirá jueces, magistrados y ministros. Para garantizar que estas elecciones sean confiables, el INE necesita operar con recursos óptimos.
Sin embargo, el déficit presupuestal no solo pone en riesgo la calidad del proceso electoral, sino también las actividades esenciales del INE, como la fiscalización de partidos, la educación cívica y el mantenimiento del padrón electoral.
¿Cómo se están adaptando?
El INE se encuentra «haciendo números». Según Espadas, se analiza cómo mantener un equilibrio entre la organización del proceso electoral y la continuidad de las funciones regulares del instituto.
Además, los consejeros han dejado de lado las diferencias internas para enfocarse en un objetivo común: garantizar un proceso electoral confiable. El mensaje es claro: a pesar de los retos, el 1 de junio de 2025 se entregará un resultado legítimo a la ciudadanía.
Implicaciones políticas y sociales
El impacto de este recorte trasciende lo administrativo. Los recortes presupuestarios al INE han generado debates sobre la autonomía y la capacidad del instituto para organizar elecciones en un entorno político cada vez más polarizado.
Por otro lado, este contexto pone a prueba la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales y en la democracia misma.
Conclusión: Un desafío para la democracia
El INE enfrenta una de sus pruebas más difíciles en años. Con un presupuesto limitado y una tarea monumental por delante, el órgano electoral debe demostrar que es capaz de garantizar procesos confiables bajo cualquier circunstancia.
A medida que se acerquen las elecciones judiciales, será crucial observar cómo se resuelve este dilema y qué ajustes se implementan para proteger la democracia en México.
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