Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentó un caso sin precedentes al intentar recusar a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La acción buscaba frenar dos litigios fiscales promovidos por la empresa contra créditos del SAT, que en conjunto suman más de 34 mil 373 millones de pesos, incluyendo impuestos, multas y recargos.
La empresa utilizó recursos de impedimento, instrumentos legales destinados a separar a un juez cuando existe riesgo de parcialidad o conflicto de interés. Sin embargo, su intento fue rechazado de inmediato por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien además impuso sanciones económicas a Elektra por intentar entorpecer los juicios.
Los créditos fiscales más cuantiosos en juego
El caso más relevante es el amparo directo en revisión 6321/2024, relacionado con un crédito fiscal de 2013 por más de 33 mil 306 millones de pesos. El segundo, juicio 5654/2024, corresponde a otro crédito fiscal de 2008 por más de mil 431 millones de pesos.
Hasta el momento, las razones que Elektra adujo para impedir a todo el Pleno no son públicas, pero el tribunal destacó que se buscaba dilatar el procedimiento. Esto representa la primera vez que la empresa intenta recusar a la totalidad del Pleno; anteriormente había presentado recusaciones individuales contra siete ministros.
Marco legal y sanciones
El Artículo 250 de la Ley de Amparo establece que, si una recusación se promueve con la intención de entorpecer o dilatar un procedimiento, el órgano jurisdiccional puede imponer multas que van de 70 a 690 Unidades de Medida y Actualización.
En este caso, la SCJN aplicó sanciones a Grupo Elektra por su intento de obstrucción, aunque los montos no fueron revelados. La decisión reafirma la autonomía del tribunal y su compromiso de garantizar que los juicios fiscales se resuelvan sin interferencias indebidas de las partes involucradas.
Implicaciones para el sistema judicial mexicano
El episodio marca un precedente importante en la relación entre empresas y el poder judicial en México. La Corte mostró que incluso grandes corporaciones no pueden paralizar la justicia mediante tácticas legales dilatorias.
Expertos legales señalan que esta resolución fortalece la independencia de la SCJN y envía un mensaje claro sobre la aplicación estricta de la Ley de Amparo, además de proteger los intereses del Estado frente a créditos fiscales millonarios.


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