El manejo de los fideicomisos del Poder Judicial, que suman más de 10 mil 260 millones de pesos, se ha convertido en el epicentro de un conflicto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno de Claudia Sheinbaum y Nacional Financiera (Nafin). Aunque la reforma constitucional exige que estos recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), gran parte de ellos permanece en el limbo debido a suspensiones legales.
¿Qué son los fideicomisos y por qué están en disputa?
Los fideicomisos de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal tienen un propósito clave: garantizar prestaciones laborales y derechos de los trabajadores judiciales. Sin embargo, la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo busca reasignar estos recursos al presupuesto público.
Banobras ya transfirió los fondos correspondientes al único fideicomiso que administraba, pero Nafin —encargada de los otros 10— argumenta estar impedida por suspensiones de amparo promovidas por cientos de trabajadores judiciales.
La reunión fallida entre poderes
El pasado 16 de enero, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, y los ministros Javier Laynez y Jorge Mario Pardo se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy, para discutir el presupuesto recortado y los fideicomisos bloqueados.
Lo que parecía un intento de diálogo terminó con recriminaciones. Sheinbaum acusó a la Corte de:
- Respaldar amparos para impedir la transferencia de recursos.
- Bloquear la evaluación de candidatos en el Poder Judicial.
- No acatar la disposición de que ningún funcionario judicial gane más que la presidenta.
Por su parte, la SCJN argumentó que desde septiembre de 2023 instruyó la devolución de los fideicomisos, dejando la responsabilidad de su atraso en manos de Nafin.
¿Qué dice Nacional Financiera?
El director de Nafin, Luis Antonio Ramírez Pineda, enfrenta un dilema complicado. Por un lado, alega que las suspensiones de amparo le impiden actuar; por otro, Sheinbaum cuestiona la validez de dichas suspensiones, señalando que asuntos electorales no son materia de amparo según el Tribunal Electoral.
Aunque Ramírez Pineda ha evitado hablar públicamente del tema, las presiones políticas sugieren que podría haber consecuencias para su permanencia en el cargo.
El trasfondo político y los retos del Poder Judicial
La disputa no solo involucra dinero, sino también la autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Sheinbaum insiste en que el presupuesto actual es suficiente si se ajustan los salarios de los funcionarios judiciales, mientras que la Corte sostiene que los fideicomisos son esenciales para salvaguardar derechos laborales.
Este conflicto ocurre en un contexto donde el Poder Judicial ya enfrenta cuestionamientos por su papel en la evaluación y selección de candidatos, lo que añade más tensiones entre ambos poderes.
¿Qué esperar? Un futuro incierto para los fideicomisos
El desenlace de esta controversia podría sentar un precedente sobre la capacidad del gobierno para reasignar recursos de otros poderes. Si Nafin libera los fideicomisos, enfrentará posibles demandas legales de trabajadores judiciales; si no lo hace, podría haber repercusiones políticas.
En cualquier caso, este es un reflejo más de las tensiones entre un Ejecutivo con metas centralizadoras y un Poder Judicial que lucha por mantener su autonomía.
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