La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto un freno a los aspectos más controvertidos del Programa de Ordenamiento de Tulum (PMOTEDUS), un plan aprobado en 2021 que, según acusaciones, fue diseñado para favorecer un gigantesco negocio inmobiliario por encima de la protección ambiental.
Muchos de los problemas actuales de Tulum —la presión sobre sus recursos naturales, la tensión social y la violencia que se deriva del crecimiento desmedido— tienen su origen en decisiones políticas del pasado. Una de las más significativas fue la creación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS), un documento cuya legalidad ha sido ahora parcialmente desmantelada por el máximo tribunal del país.
Un Negocio Transexenal Impulsado desde el Poder
El PMOTEDUS de Tulum fue aprobado en 2021 durante la administración municipal de Víctor Mas Tah, pero fue impulsado, según diversas investigaciones periodísticas, por el entonces gobernador Carlos Joaquín González. El objetivo, se ha señalado, era generar un «gigantesco negocio inmobiliario transexenal», permitiendo cambios de uso de suelo y proyectos de desarrollo que no respetaban las frágiles condiciones ambientales del destino.
Este plan no fue exclusivo de Tulum; se replicó en otros municipios clave como Bacalar, Carrillo Puerto y Cozumel. La estrategia era clara: rediseñar el mapa urbano y ecológico para abrir la puerta a desarrollos masivos, particularmente en zonas de alto valor.
La Intervención de la Presidencia y el Fallo de la Corte
La naturaleza del plan fue tan controversial que la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó una Controversia Constitucional (68/2021) ante la SCJN. El argumento central de la Federación fue que el PMOTEDUS de Tulum priorizaba el desarrollo inmobiliario sobre el medio ambiente, invadía competencias federales y desconocía las leyes de equilibrio ecológico.
La Segunda Sala de la Suprema Corte le dio la razón a la Federación en puntos cruciales. El fallo invalidó ocho unidades de gestión del programa que estaban vinculadas a Áreas Naturales Protegidas (ANP). Además, la Corte ordenó que cualquier lineamiento urbano en zonas colindantes con las ANP debe hacerse obligatoriamente en acuerdo con la Semarnat, devolviendo a la Federación el control sobre la protección de estas áreas vitales.
La Semarnat argumentó que el PMOTEDUS «propone cambios de uso de suelo para incentivar y permitir el crecimiento urbano y el desarrollo inmobiliario» sin tomar en cuenta los programas de ordenamiento ecológico vigentes, una clara violación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El Legado de un Crecimiento Depredador
La decisión de la Corte, aunque es una victoria para el medio ambiente, llega cuando gran parte del daño ya está hecho. El modelo de crecimiento depredador que el PMOTEDUS buscaba legalizar es, en parte, responsable de la situación actual de Tulum.
El desarrollo desordenado satura la infraestructura, genera desigualdad social, destruye ecosistemas frágiles como los manglares y cenotes, y crea un mercado de consumo masivo que, a su vez, atrae a las organizaciones criminales que hoy se disputan el territorio.
Mientras el actual gobierno municipal de Diego Castañón promete una «transformación con justicia social», la sombra del PMOTEDUS sigue presente. La pregunta que queda en el aire es si se creará un nuevo programa de ordenamiento que sea verdaderamente sostenible o si los intereses que impulsaron el plan original seguirán dictando el futuro de Tulum.
