Con 335 votos a favor y 108 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que amplía la prisión preventiva oficiosa, permitiendo que más delitos graves lleven a la cárcel a los acusados sin juicio previo. Esta decisión, altamente polémica, ha puesto nuevamente a Morena y a la oposición en un tenso debate sobre justicia y derechos humanos en México.
Un catálogo de delitos en crecimiento
La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución, añadiendo delitos como la extorsión, el contrabando y actividades relacionadas con el fentanilo y drogas sintéticas al catálogo de prisión preventiva oficiosa. La medida significa que cualquier persona acusada de estos delitos será automáticamente encarcelada mientras espera su juicio, sin que el juez tenga la opción de ofrecer medidas cautelares alternativas.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó reservas que fueron aprobadas durante el debate, eliminando delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal del catálogo final. Según Monreal, esta decisión fue el resultado de un acuerdo con sectores económicos, además de un enfoque más “social” para no criminalizar a quienes podrían ser usuarios de drogas a pequeña escala.
El argumento de Morena: Seguridad y protección a víctimas
Los promotores de esta reforma, principalmente de Morena, aseguran que la medida es una respuesta a los altos niveles de impunidad en delitos considerados de alto impacto. Para la diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena), la inclusión de delitos como la extorsión responde a la necesidad de proteger a las víctimas, ya que muchos acusados de este delito quedaban en libertad al poco tiempo, generando una sensación de vulnerabilidad entre la ciudadanía.
Sin embargo, la respuesta de la oposición ha sido contundente. “Esta reforma representa una pena anticipada”, acusó la diputada Margarita Zavala (PAN), quien afirmó que la prisión preventiva oficiosa podría usarse para abusos, afectando especialmente a personas de escasos recursos que no tienen acceso a una defensa legal sólida.
La polémica de los derechos humanos y la presunción de inocencia
Uno de los puntos más discutidos ha sido la presunta violación al principio de presunción de inocencia que, según la oposición, se ve socavado con esta reforma. Para José Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN, la medida implica encarcelar a personas sin pruebas definitivas de culpabilidad, y señaló que se trata de “encarcelar primero y luego investigar”.
En contraste, Leonel Godoy, también de Morena, recordó que la figura de prisión preventiva oficiosa fue instaurada durante el sexenio de Felipe Calderón en 2008, con apoyo del PRI, defendiendo su uso como herramienta contra el crimen organizado. Godoy aseguró que la reforma busca “cerrar el paso” a la impunidad en crímenes que afectan la seguridad pública y el tejido social de México.
Delitos incluidos en la reforma de prisión preventiva
Los delitos añadidos a la lista del artículo 19 de la Constitución incluyen:
- Extorsión: Un delito que ha dejado de ser aislado y afecta cada vez más a ciudadanos y empresas.
- Contrabando: La medida busca proteger la economía nacional y frenar el tráfico de productos ilegales.
- Delitos fiscales con comprobantes falsos: Incluye la venta, compra y emisión de facturas falsas para operaciones simuladas.
- Producción y tráfico de fentanilo y drogas sintéticas: Esta medida es una respuesta a la crisis de salud pública que ha generado el aumento del tráfico de estas sustancias.
La eliminación del narcomenudeo y la defraudación fiscal del catálogo refleja los acuerdos realizados durante el debate. La exclusión del narcomenudeo pretende evitar la criminalización de personas en situaciones de marginalidad, mientras que el tema fiscal se ajustó en un acuerdo con sectores económicos.
Impacto y posibles desafíos internacionales
La oposición ha adelantado que buscará recursos legales para revertir la reforma, apelando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que esta medida va en contra de tratados internacionales ratificados por México en defensa de los derechos humanos.
Al respecto, la diputada Lilia Aguilar (PT) afirmó que la reforma está enfocada en combatir a los delincuentes y no a la sociedad civil, desestimando las preocupaciones sobre posibles abusos. Para Aguilar, los delitos añadidos a la prisión preventiva oficiosa representan amenazas reales para la seguridad nacional.
Una reforma que divide al Congreso y la opinión pública
La aprobación de esta reforma refleja una profunda división en el Congreso y plantea dudas sobre el equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos humanos en México. La Cámara de Diputados ha enviado la iniciativa al Senado, donde podría encontrar más resistencia o, eventualmente, ajustes adicionales.
Mientras tanto, la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos observan con cautela el desarrollo de esta reforma que promete cambiar el tratamiento judicial de delitos graves en el país.
