Reforma constitucional y prisión preventiva: ¿justicia o retroceso?
En los próximos días, el Congreso de México discutirá una nueva iniciativa de reforma constitucional que propone ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta propuesta, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca incluir en el artículo 19 de la Constitución delitos como extorsión, narcomenudeo, delitos fiscales y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte debate, especialmente en torno a los derechos humanos y la justicia en México.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué es controvertida?
La prisión preventiva oficiosa es una medida que permite el encarcelamiento inmediato y automático de personas acusadas de ciertos delitos, sin necesidad de un juicio que demuestre su culpabilidad. Esta figura, que ha sido criticada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, representa un retroceso en el avance de la justicia en México.
A diferencia de la prisión preventiva “justificada”, que requiere la valoración de un juez para decidir si es necesario encarcelar a una persona antes de su juicio, la prisión preventiva oficiosa es automática. Esto significa que cualquier persona acusada de alguno de los delitos enlistados en el artículo 19 de la Constitución mexicana queda privada de su libertad sin revisión judicial previa.
Los peligros de la prisión preventiva oficiosa
La implementación de esta figura en el sistema judicial ha tenido consecuencias graves. Un ejemplo de estas problemáticas es el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva sin haber recibido sentencia. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano había violado su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia.
Para muchos expertos, la prisión preventiva oficiosa es una medida que, lejos de garantizar la justicia, perpetúa las desigualdades en el sistema judicial. La falta de un proceso justo y el tiempo de espera para los juicios afectan principalmente a personas de bajos recursos, quienes no pueden costear una defensa adecuada. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, 3 de cada 10 personas en prisión preventiva pasan más de dos años en prisión sin que su caso sea revisado.
Un impacto desproporcionado para las mujeres en prisión preventiva
Uno de los efectos más alarmantes de la prisión preventiva es el impacto que tiene sobre las mujeres. Según el último Censo Penitenciario, 5 de cada 10 mujeres en prisión están encarceladas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, en comparación con 4 de cada 10 hombres. La situación de las mujeres en prisión es aún más delicada, ya que muchas reportan haber sido víctimas de tortura y abuso sexual durante su detención.
Para muchas de estas mujeres, el estigma social y la falta de apoyo legal representan una doble condena. En muchos casos, las acusaciones que enfrentan están relacionadas con el uso o posesión de drogas en pequeñas cantidades. Con la reforma propuesta, estas mujeres podrían quedar atrapadas en un sistema que castiga su pobreza y las circunstancias en las que viven.
¿Justicia o criminalización? El dilema de la reforma
La propuesta de ampliar la prisión preventiva oficiosa ha sido justificada como una medida para combatir la violencia y proteger a la sociedad. Sin embargo, estudios demuestran que la prisión preventiva no contribuye a disminuir la criminalidad. Por el contrario, el encarcelamiento automático perpetúa las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de quienes no pueden pagar su defensa legal. Además, la prisión preventiva de delitos de narcomenudeo afecta principalmente a personas usuarias y no a los grandes traficantes, convirtiéndose en una criminalización de la pobreza.
Esta iniciativa de reforma es vista por defensores de derechos humanos como un paso hacia un sistema punitivista que vulnera la presunción de inocencia y viola los derechos de las personas. En lugar de buscar soluciones estructurales a los problemas de inseguridad y justicia en el país, el aumento de delitos que ameriten prisión preventiva parece un intento de responder con mano dura sin abordar las causas profundas de la violencia y el crimen.
¿Hacia dónde va la justicia en México?
La prisión preventiva oficiosa plantea una pregunta crucial: ¿es la justicia en México una herramienta de equidad o un mecanismo de castigo automático? Al criminalizar ciertos delitos sin juicio, el sistema judicial se convierte en una barrera para las personas en situación de pobreza, afectando más a quienes menos recursos tienen para defenderse.
Esta reforma se discute en un contexto de creciente demanda por un sistema judicial más justo, que garantice el debido proceso y respete los derechos humanos. Para muchos expertos, el fortalecimiento del sistema de justicia en México no debería enfocarse en aumentar las penas ni en extender el catálogo de delitos que ameriten prisión automática, sino en mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos judiciales y en abordar las desigualdades estructurales que alimentan la criminalidad.
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