En un hecho que ha desatado intensos debates, la Cámara de Diputados en México aprobó una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Este cambio, además de desafiar una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), plantea preguntas inquietantes sobre el compromiso del país con la justicia y los derechos fundamentales.
La prisión preventiva oficiosa: ¿qué es y por qué es controvertida?
La prisión preventiva oficiosa implica que una persona acusada de ciertos delitos sea enviada a prisión de forma automática, sin que un juez evalúe si esta medida es necesaria. En México, esta figura se ha justificado históricamente como una herramienta para combatir delitos graves. Sin embargo, al aplicarse sin una revisión judicial, se vulnera un derecho fundamental: la presunción de inocencia.
En abril de 2023, la Corte Interamericana condenó a México por esta práctica en el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron más de 17 años en prisión sin una sentencia. La sentencia estableció que la prisión preventiva oficiosa es una violación directa de los derechos humanos y urgió al Estado mexicano a eliminarla.
La historia detrás de la reforma: del populismo penal a la traición a la justicia
Un pasado de críticas y contradicciones
La prisión preventiva automática surgió como parte de las políticas de seguridad pública durante la administración de Felipe Calderón. En ese momento, fue duramente criticada por sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, en 2018, Morena impulsó una ampliación de los delitos sujetos a esta medida, traicionando su promesa de garantizar justicia para los sectores más vulnerables.
Una medida que afecta a los más pobres
Lejos de enfocarse en combatir el crimen organizado, la prisión preventiva oficiosa afecta principalmente a personas de bajos recursos. Encarcela a quienes no tienen medios para defenderse adecuadamente y perpetúa un sistema donde las fiscalías y policías utilizan esta herramienta como una forma de extorsión y abuso de poder.
Impactos de la reforma: una crisis de derechos humanos
Violación de tratados internacionales
La reforma coloca a México en abierta contradicción con la sentencia de la CIDH. Esto no solo implica un incumplimiento de obligaciones internacionales, sino que también posiciona al país como un Estado que valida prácticas autoritarias.
Mayor impunidad y corrupción
En lugar de fortalecer el sistema de justicia, la prisión preventiva oficiosa incentiva la corrupción. Las fiscalías, con poderes ilimitados para decidir quién es encarcelado, ven en esta figura una herramienta para detenciones arbitrarias y negociaciones ilícitas.
Impacto en la población vulnerable
Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), más del 60% de las personas encarceladas en México provienen de los sectores más desfavorecidos. La ampliación de la prisión preventiva no solo perpetúa esta desigualdad, sino que también sobrecarga un sistema penitenciario ya colapsado.
¿Qué sigue para México? Consecuencias y posibles caminos
- Responsabilidad internacional agravada: México enfrentará procesos de seguimiento ante la CIDH, que podrían derivar en sanciones económicas y reputacionales.
- Costo político y social: La reforma podría generar mayores tensiones sociales y desconfianza hacia el sistema de justicia.
- Reformas futuras inevitables: A mediano plazo, la presión internacional y los costos internos podrían llevar a la eliminación de esta figura en favor de mecanismos más justos.
Una oportunidad perdida
La reforma de prisión preventiva oficiosa no solo es un retroceso en términos de derechos humanos, sino también una traición a los principios constitucionales que México ha defendido desde 1917. En lugar de construir un sistema de justicia sólido, se opta por medidas populistas que perpetúan la desigualdad y la corrupción.
El camino hacia una justicia real en México pasa por eliminar estas prácticas y adoptar un enfoque que priorice la transparencia, el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales.
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