En un acto de valentía política y social, la diputada Laura Ballesteros, miembro del partido Movimiento Ciudadano (MC), ha lanzado una propuesta que podría cambiar el rumbo de la política de drogas en México. La legisladora propone una reforma constitucional que, de ser aprobada, no solo despenalizaría la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, sino que también establecería un marco fiscal para regular este mercado.
Ballesteros no está sola en su visión de transformar el enfoque del país hacia las drogas. Para ella, la actual política de prohibicionismo ha fracasado rotundamente, dejando al crimen organizado con un vasto control sobre un mercado multimillonario. Con esta nueva propuesta, se pretende sentar las bases para lo que ella considera una salida civilizada al problema: tratar el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública, no de criminalización.
Despenalización y nuevas fuentes de ingresos: un cambio radical
La reforma que Ballesteros propone no solo cambiaría la forma en que se regula el consumo de drogas, sino que también permitiría al gobierno mexicano cobrar impuestos sobre este mercado, convirtiendo lo que antes era una fuente de ingreso ilícita para los carteles en una nueva vía de recaudación fiscal. Según las estimaciones de la diputada, la implementación de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) podría generar hasta un billón 113 mil 600 millones de pesos al año.
Con esta propuesta, no solo se busca una reestructuración de las políticas sobre drogas, sino también una reorientación de las finanzas públicas, que podrían ver un significativo incremento en los ingresos debido a la regularización del mercado de sustancias psicoactivas. Estos recursos adicionales podrían destinarse a proyectos de salud pública, educación y seguridad, creando un círculo virtuoso que beneficie a la sociedad.
Impacto en la seguridad y en la economía del país
Uno de los aspectos más discutidos de esta propuesta es su potencial para reducir el poder de los cárteles de la droga. Actualmente, el narcotráfico genera miles de millones de dólares para las organizaciones criminales, que utilizan estos fondos para financiar actividades ilegales y violentas. La despenalización y la creación de un mercado regulado permitirían que el gobierno dejara de financiar, involuntariamente, a los criminales, y redirigiera esos fondos a las arcas públicas.
Al mismo tiempo, la propuesta de Ballesteros se basa en un enfoque de salud pública, el cual busca tratar el consumo de drogas no como un delito, sino como una cuestión de bienestar social. Este modelo ya ha sido implementado en varios países, como Uruguay y varios estados de EE. UU., con resultados que, aunque no exentos de desafíos, muestran una notable disminución de la violencia asociada al narcotráfico y un incremento en los tratamientos de salud mental y adicciones.
¿Qué implicaría este cambio para la sociedad mexicana?
De aprobarse esta reforma, México viviría un giro paradigmático en su relación con las drogas. El mercado de las sustancias psicoactivas, actualmente controlado por criminales, sería regulado por el Estado, lo que implicaría un cambio profundo en la dinámica económica y social. Además, el Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, que se implementaría como parte del régimen transitorio, se centraría en ofrecer tratamientos adecuados para los consumidores y programas de prevención, creando un entorno más saludable y seguro para todos.
Es crucial destacar que este cambio también implicaría un profundo debate social y político. La despenalización de las drogas sigue siendo un tema polémico, y muchos se oponen a ella debido a los riesgos percibidos, como el aumento del consumo entre los jóvenes o la falta de una infraestructura adecuada para el control del mercado. Sin embargo, la propuesta de Laura Ballesteros propone un enfoque balanceado que incluye tanto la regularización fiscal como el fortalecimiento de políticas de salud pública, lo que podría mitigar estos riesgos.
El papel de las fuerzas políticas y el Congreso
Ballesteros sabe que la reforma no será fácil de implementar. La iniciativa ya ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación, lo que marca el inicio de un proceso legislativo que podría tardar varios meses. Además, la reforma no solo implica un cambio constitucional, sino también la modificación de la legislación fiscal y penal, lo que requiere el consenso de diferentes actores políticos.
El Congreso de la Unión tendría un plazo de 365 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para realizar los ajustes necesarios en la legislación vigente. En este contexto, se requiere una amplia coordinación entre el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil para lograr una reforma que sea efectiva, inclusiva y beneficiosa para todos los sectores de la población.
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