México ante la amenaza de deportaciones masivas: ¿Preparación o simulación?
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca plantea un nuevo reto para México: enfrentar posibles deportaciones masivas de connacionales y migrantes de otras nacionalidades. Aunque el gobierno asegura estar listo, los números cuentan otra historia. Con recortes históricos en los presupuestos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), la capacidad del país para responder de manera efectiva se encuentra en entredicho
La Comar y el INM, los más golpeados
Desde 2018, el INM ha sufrido una reducción del 29% en términos reales, mientras que la Comar enfrentará en 2025 su presupuesto más bajo en ocho años con un recorte del 10%.
Estas cifras contrastan con el discurso oficial, que promete una transformación institucional para enfrentar los desafíos migratorios. Por ahora, la realidad pinta un panorama desolador: recursos insuficientes, sobrecarga operativa y dependencia de la Guardia Nacional para controlar flujos migratorios en el sur del país.
Los consulados: más esfuerzo, menos recursos
México cuenta con una sólida red consular en Estados Unidos, diseñada para proteger los derechos de los connacionales. Sin embargo, el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también enfrentará un recorte del 8% para 2025.
Aunque los consulados trabajan en la asistencia legal y emocional de los migrantes, su capacidad para evitar deportaciones es limitada. El programa de abogados consulares, implementado desde la gestión de Fernando Solana, se centra más en casos de injusticia que en prevenir expulsiones masivas.
Las prioridades que no se reflejan en el presupuesto
En política pública, la frase «prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad» toma relevancia. Los números sugieren que, aunque el discurso oficial enfatiza la importancia de los derechos humanos y la protección de migrantes, las acciones presupuestales cuentan otra historia.
Además, el recorte en áreas estratégicas contrasta con la urgencia de prepararse para recibir a miles de mexicanos deportados y lidiar con el creciente flujo de migrantes centroamericanos y sudamericanos en tránsito por México.
La falta de diálogo con Estados Unidos
Un elemento crucial en este escenario es la falta de diálogo abierto entre el equipo de transición de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo Donald Trump.
Mientras Canadá ya inició conversaciones bilaterales con futuros funcionarios estadounidenses, México aún no ha tomado medidas similares. Este vacío diplomático podría complicar la planeación para manejar la crisis migratoria que se avecina, especialmente durante las primeras semanas de la nueva administración de Trump, cuando la exposición mediática será máxima.
Replantear el presupuesto: una necesidad urgente
Para responder de manera efectiva a este reto, el gobierno mexicano necesita reestructurar su presupuesto.
- Aumentar los fondos para la Comar e INM: Priorizar recursos para mejorar la infraestructura y capacidad operativa.
- Fortalecer la red consular: Incrementar los recursos destinados a la asistencia legal y emocional de los deportados.
- Coordinar con otros países: Colaborar con naciones como Canadá y naciones centroamericanas para abordar conjuntamente el tema migratorio.
La amenaza de deportaciones masivas exige más que declaraciones políticas: requiere acción concreta respaldada por un presupuesto robusto. Si México realmente quiere proteger a sus ciudadanos y gestionar de manera ordenada los flujos migratorios, debe priorizar recursos en las instituciones clave.
El desafío no es menor, pero ignorarlo podría tener consecuencias devastadoras para miles de familias y para la estabilidad del país en su conjunto.
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