La administración de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, enfrenta una grave crisis de credibilidad y un posible escándalo de nepotismo, tras revelarse que su hermano, Marco Tulio Cisneros, participaba en una fiesta en el ayuntamiento que ignoró las demandas de las madres buscadoras.
El escándalo de la «fiesta con mariachis» en el Ayuntamiento de Ecatepec ha escalado de ser un acto de indolencia a una profunda crisis política que golpea directamente a la alcaldesa Azucena Cisneros. La clave de esta escalada es un nombre: Marco Tulio Cisneros, su hermano, quien fue uno de los protagonistas del festejo.
El Vínculo Familiar que Agrava la Crisis
La presencia del hermano de la alcaldesa en la celebración transforma el incidente. Ya no se trata únicamente de un regidor insensible actuando por su cuenta; se convierte en un asunto que toca directamente al círculo más íntimo de la presidenta municipal. Esto alimenta la percepción pública de una cultura de nepotismo y privilegio, donde la proximidad al poder parece otorgar un permiso para ignorar las normas más básicas de decoro y responsabilidad pública.
El intento de Marco Tulio Cisneros de ocultarse de las cámaras, lejos de mitigar el daño, lo ha amplificado, convirtiéndolo en el rostro de la evasión y la falta de rendición de cuentas.
Silencio Oficial: Una Estrategia Cuestionada
Hasta el cierre de esta edición, la alcaldesa Azucena Cisneros no ha emitido ninguna declaración pública sobre el comportamiento de su hermano ni sobre el incidente en general. Este silencio está siendo interpretado de varias maneras: como una estrategia para dejar que la tormenta pase, o como una incapacidad para formular una respuesta que no cause un daño político aún mayor.
Políticamente, la falta de una condena clara y una disculpa pública contundente está erosionando rápidamente la credibilidad de su administración, especialmente entre los grupos de víctimas y defensores de derechos humanos.
Llamados a la Intervención de Alto Nivel
La indignación ha trascendido las fronteras de Ecatepec. Los colectivos de víctimas y organizaciones feministas han hecho un llamado directo a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que intervengan.
Esta escalada busca sacar el problema de la esfera municipal, donde temen que sea contenido y olvidado, y llevarlo a un nivel donde la presión política sea mayor. El incidente se ha convertido en un caso de estudio sobre la nueva dinámica de poder en la era digital: los colectivos de activistas, armados con teléfonos móviles, ya no solo protestan; actúan como un poder de fiscalización ciudadana, capaces de generar crisis políticas y exigir una rendición de cuentas que las instituciones formales a menudo no logran.
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