La Reforma Judicial: resistencia en la Suprema Corte y el impacto en el Poder Judicial
Con un fallo reciente, la Suprema Corte de Justicia ha puesto fin al último recurso legal para bloquear la Reforma Judicial. La decisión marca un hito en el actual proceso de transformación del sistema judicial mexicano impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta resolución es la conclusión de una serie de intensas discusiones y negociaciones que sacudieron los cimientos del Poder Judicial, evidenciando la tensión entre la autonomía judicial y el peso político en México.
La resistencia de varios ministros, encabezados por Norma Piña y Margarita Ríos Farjat, buscaba modificar o posponer puntos claves de la reforma, especialmente la elección de jueces y algunos magistrados. Sin embargo, al no lograr el consenso necesario, el proyecto propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue desestimado, sellando la implementación total de la Reforma Judicial.
1. Discrepancias internas y la falta de consenso en la Corte
El bloque de resistencia, conformado por los ministros Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez, y otros destacados miembros del Poder Judicial, intentó establecer modificaciones parciales a la reforma, buscando una implementación por etapas. La propuesta incluía realizar primero la elección de los altos magistrados y, posteriormente, la de jueces y otros cargos judiciales.
Sin embargo, estos esfuerzos se vieron frustrados por una falta de consenso interno. La tensión se intensificó cuando el ministro Alberto Pérez Dayán, quien inicialmente formaba parte de este bloque, votó en contra del procedimiento planteado. Este cambio en la dinámica interna del grupo debilitó la resistencia, permitiendo que la mayoría se inclinara hacia la implementación de la reforma completa sin modificaciones.
2. Intervención del gobierno y su influencia en la decisión
Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ejercieron una influencia indirecta pero determinante en el proceso. El gobierno dejó claro a los ministros que, de encontrar un fallo en contra de la reforma, tomarían medidas contundentes para asegurar su implementación. Para esto, Sheinbaum delegó en Rosa Icela Rodríguez y los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, el seguimiento detallado del desempeño de los ministros.
Esta presión ejercida por el gobierno sirvió de telón de fondo para la decisión final de la Corte. En las últimas negociaciones, el bloque de resistencia percibió que cualquier postura en contra de la reforma traería consecuencias significativas para quienes buscaban postergar su implementación.
3. Un nuevo escenario para el Poder Judicial y el papel de los ministros
La desestimación del proyecto de González Alcántara Carrancá y el triunfo de la Reforma Judicial establece un cambio estructural que excluye a ocho ministros del próximo proceso de elección de altos cargos judiciales. Solamente Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres han manifestado interés en buscar su permanencia. No obstante, las proyecciones apuntan a que ninguna de ellas repetirá en el cargo, alineándose con la expectativa del gobierno de renovar completamente la estructura de la Corte.
Esta situación abre la puerta para un Poder Judicial más alineado con las políticas de la administración de Sheinbaum, aunque también plantea interrogantes sobre la autonomía judicial y la capacidad de la Suprema Corte para operar sin interferencia política.
Consecuencias de la reforma y el papel del gobierno en la implementación
La Reforma Judicial representa uno de los cambios más significativos para el Poder Judicial en los últimos años. Al priorizar la elección de ministros y magistrados con una visión alineada al proyecto político actual, el gobierno busca consolidar un sistema judicial menos influenciado por cúpulas tradicionales y más acorde a la «4T».
Sin embargo, esta reestructuración también podría tener repercusiones en la independencia judicial, un aspecto central que preocupa a expertos y defensores de la autonomía judicial. El seguimiento que el gobierno mantendrá sobre el desempeño de cada ministro tras el fallo podría reflejarse en decisiones futuras sobre la permanencia de ciertos actores clave en la Corte.
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