En el corazón de Sonora, una trama de poder, negocios y privilegios ha capturado la atención nacional. Funcionarios cercanos al gobernador Alfonso Durazo Montaño, incluido su propio hijo, están en el centro de un escándalo que involucra la cesión de terrenos estratégicos, exenciones fiscales y vínculos con empresarios chinos.
Este caso, que revela un modelo de favoritismo en la política mexicana, plantea preguntas cruciales sobre la lucha contra la corrupción en la Cuarta Transformación (4T).
La fotografía que lo dice todo
En una imagen tomada en diciembre de 2018, Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador, posa junto a dos amigos y socios: Fernando Rojo de la Vega y David Soto Alday. La fotografía, aparentemente inofensiva, celebra la fundación de cuatro empresas que luego se convertirían en el eje de una polémica red de intereses entre el gobierno estatal y privados.
Los terrenos y el trato preferencial
1. La empresa china y el fideicomiso
En el centro del escándalo está una empresa china que cotiza en la bolsa de Hong Kong y que recibió 150 hectáreas en donación. Estas tierras, previamente ejidales, se transfirieron a un fideicomiso administrado por Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador. Además, el gobierno estatal decretó exenciones fiscales en esta privilegiada ubicación, a menos de dos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
2. Vínculos directos con el gabinete
Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar estatal y socio del hijo del gobernador, es el administrador único de la empresa beneficiada. Este vínculo ha encendido las alarmas sobre un posible conflicto de intereses en la administración de recursos públicos.
La conexión con el hijo del exgobernador Padrés
1. Un patrón recurrente
David Soto Alday, secretario del Trabajo de Sonora, no solo es socio del hijo de Durazo, sino también del hijo del exgobernador panista Guillermo Padrés Elías. En 2019, Soto fundó el despacho Soto, Padrés Dagnino Abogados con Guillermo Padrés Dagnino, quien estuvo en prisión por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
2. Un modelo de negocios cuestionable
La doble asociación de Soto Alday con hijos de gobernadores actuales y pasados deja al descubierto un patrón preocupante: el uso de conexiones familiares y políticas para el beneficio personal, bajo la aparente impunidad que caracteriza a ciertos sectores de la política mexicana.
Impunidad y el modelo de negocios de la 4T
1. Al amparo de la mayoría
La Cuarta Transformación ha construido su narrativa en torno al combate a la corrupción. Sin embargo, este caso expone lo que parece ser un modelo de negocios que opera con descaro y confianza en que las autoridades federales no actuarán.
2. ¿Y la lucha contra la corrupción?
El escándalo en Sonora plantea un dilema para la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Usará este caso para enviar un mensaje de compromiso contra la corrupción o permitirá que la impunidad continúe amparando a figuras clave de la 4T?
¿Qué está en juego?
Este caso no solo pone en entredicho la integridad del gobierno estatal de Sonora, sino que también representa un reto para el discurso anticorrupción de la administración federal. La ciudadanía exige transparencia y acciones concretas para erradicar las redes de favoritismo y nepotismo que dañan la confianza en las instituciones.
Conclusión
El escándalo en Sonora no es solo una historia de terrenos y negocios cuestionables. Es un recordatorio de que el combate a la corrupción debe ser una prioridad real, no solo un discurso. El gobierno federal y estatal tienen la oportunidad de demostrar que el cambio es posible, siempre y cuando haya voluntad política para romper con estos esquemas.
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