La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales no contempla la desaparición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sino que pretende fortalecer su papel técnico e institucional dentro de la administración pública federal.

En un comunicado, la dependencia explicó que el objetivo central de la iniciativa es garantizar el derecho humano al agua, reforzar la gestión sustentable de los recursos hídricos y ofrecer mayor certeza jurídica a los concesionarios y usuarios.

Conagua se mantiene y conserva facultades

La Semarnat subrayó que, contrariamente a versiones difundidas, la Conagua no desaparecerá ni perderá atribuciones, sino que su papel se fortalece en materia de supervisión, otorgamiento de títulos de concesión y administración del recurso.

Asimismo, aseguró que los usuarios con títulos vigentes conservarán plenamente sus derechos, ya que ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva. Las prórrogas de concesión seguirán otorgándose con las mismas condiciones y por el mismo tiempo establecido en los permisos originales.

La dependencia destacó que la reforma no promueve la expropiación ni la especulación con títulos de agua, sino que busca eliminar prácticas irregulares y mejorar la transparencia en los procesos de gestión.

No se vulneran los derechos del campo

Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido el posible impacto en el sector agrícola. Sobre ello, la Semarnat precisó que la iniciativa no vulnera los derechos del campo, sino que impulsa la tecnificación del riego y el acceso a programas de apoyo como el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), orientado al uso eficiente de la energía eléctrica en actividades agrícolas.

Además, se mantiene la autonomía de los Distritos y Unidades de Riego, que seguirán administrando las aguas concesionadas conforme a sus propios reglamentos internos.

De esta forma, el Gobierno de México busca fortalecer la soberanía hídrica y asegurar que el acceso al agua sea equitativo y sostenible, sin afectar los derechos adquiridos por los productores rurales.

Más sanciones y delitos hídricos

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales también propone elevar las sanciones administrativas por el mal uso o manejo del agua, con el fin de desalentar el desperdicio, la contaminación o el lucro con el recurso.

La Semarnat precisó que la iniciativa tipifica los delitos hídricos, aunque sin criminalizar a los usuarios comunes, ya que las medidas se enfocan únicamente en quienes lucran con la necesidad del agua o incurren en actos de corrupción.

“Se trata de prevenir prácticas que afecten la distribución y disponibilidad del agua”, señaló la dependencia, al enfatizar que las nuevas disposiciones buscan garantizar la equidad y sostenibilidad en la gestión del recurso más importante del país.

El agua no será tratada como mercancía

Uno de los ejes centrales de la propuesta es eliminar la consideración del agua como una mercancía, impidiendo su transmisión entre particulares o el cambio de uso sin la debida autorización de la Conagua.

Según la Semarnat, esta medida apunta a reforzar el carácter público del agua, asegurando que su distribución esté guiada por criterios de equidad, sostenibilidad y justicia social, no por intereses económicos o de mercado.

La iniciativa también fomenta el rehúso del agua bajo principios de sustentabilidad y protección ambiental, buscando aprovechar de manera más eficiente cada litro disponible y reducir la presión sobre las fuentes naturales.

Enfoque sustentable y derecho humano al agua

Finalmente, la Semarnat reiteró que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales reafirma el compromiso del Gobierno de México con el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido por la Constitución y los tratados internacionales.

“Se promueve una gestión eficaz, sustentable y responsable del recurso hídrico, en donde autoridades y concesionarios compartan la responsabilidad de cuidar este bien común”, enfatizó la dependencia.

De aprobarse la reforma, el país avanzaría hacia un modelo más transparente, participativo y ecológico de administración del agua, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y con las metas de seguridad hídrica del Gobierno federal.

En resumen

• La Conagua no desaparece, se fortalece.
• Los derechos adquiridos de los usuarios se mantienen intactos.
• Se incrementan las sanciones y se tipifican delitos hídricos.
• El agua deja de considerarse mercancía y se promueve su uso sustentable.
• Se garantiza el derecho humano al agua para toda la población.