En un contexto donde la violencia de género sigue siendo un reto nacional, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha tomado una medida histórica para garantizar la justicia para las mujeres. El 14 de noviembre de 2024, Sheinbaum firmó la Reforma de Igualdad Sustantiva, una iniciativa crucial que modifica siete artículos en la legislación mexicana a favor de los derechos de las mujeres. Esta reforma no solo es un avance legal, sino también un mensaje claro de que el país se compromete a erradicar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en diversos ámbitos.
El caso de Tehuacán y la importancia de una respuesta rápida
El marco de esta reforma también se enmarca en un caso lamentable ocurrido en Tehuacán, Puebla, donde una mujer fue violentada por su pareja y, al presentar su denuncia, terminó siendo encarcelada. El responsable, presuntamente, logró manipular las autoridades para acusar a la víctima de delitos que la mantienen tras las rejas. Este tipo de casos, en los que las mujeres son revictimizadas y castigadas en lugar de recibir apoyo, es un claro reflejo de las fallas en el sistema judicial y de seguridad.
A raíz de este incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la necesidad urgente de fortalecer las instituciones encargadas de la justicia en el país, especialmente en lo que respecta al trato de las mujeres que sufren violencia. En su discurso, hizo hincapié en la importancia de un sistema que no solo ofrezca protección, sino que también sea capaz de prevenir la impunidad.
Abogadas de las Mujeres: Una propuesta de justicia y empatía
Una de las medidas clave para lograr este objetivo es el programa «Abogadas de las Mujeres». Esta iniciativa busca que cada Ministerio Público cuente con una abogada especializada en casos de violencia de género, garantizando que las víctimas no sean ignoradas ni revictimizadas en el proceso judicial. Como explicó Sheinbaum, la presencia de estas abogadas será crucial para cambiar la forma en que se manejan estos casos, asegurando que las denuncias se investiguen con seriedad y respeto hacia las víctimas.
La capacitación con perspectiva de género, tanto para fiscales como para jueces, será un componente esencial de esta reforma. En el pasado, muchas víctimas se han encontrado con respuestas insensibles y despectivas por parte de las autoridades, lo que ha generado una desconfianza generalizada en el sistema. Con este programa, el Gobierno de México aspira a eliminar esa brecha, promoviendo una justicia más equitativa y accesible.
Las reacciones y el compromiso del gobierno
El caso de la mujer de Tehuacán no es aislado. Sheinbaum destacó que muchos otros incidentes similares ocurren en diversas partes del país, y es por ello que la reforma tiene un enfoque nacional, buscando extender este tipo de apoyo a todas las entidades federativas. Durante la conferencia, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, conocida como «la abogada de las mujeres», se comprometió a trabajar en coordinación con los gobiernos locales para implementar esta reforma y garantizar su efectividad.
Uno de los puntos clave que Sheinbaum subrayó fue la importancia de dar un paso más allá de las reformas legislativas. Se trata de cambiar la mentalidad y la cultura de las instituciones judiciales y policiales. Las mujeres deben sentir que pueden denunciar con seguridad y confianza, sabiendo que sus casos serán tratados con la seriedad y el respeto que merecen.
Un cambio cultural profundo: Más allá de la legislación
El trabajo no termina con la firma de la reforma ni con la implementación de programas. Es necesario que la sociedad en su conjunto, desde las autoridades hasta los ciudadanos, asuma un compromiso real en la lucha contra la violencia de género. Sheinbaum lo expresó de forma clara: la tarea de garantizar la igualdad sustantiva y la justicia para las mujeres no es solo responsabilidad del gobierno, sino de todos los sectores de la sociedad.
La reforma y los programas propuestos son solo el primer paso hacia un México más seguro y justo para las mujeres. Es un llamado a la acción para que todos, desde el más alto nivel del gobierno hasta las comunidades locales, trabajen juntos para erradicar la violencia y garantizar que las mujeres puedan vivir sin temor a ser agredidas, juzgadas o ignoradas por el sistema judicial.
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