En septiembre de 2024, se promulgó una reforma constitucional que modifica la estructura del Poder Judicial en México. Entre los cambios más destacados se encuentra la elección popular de jueces, magistrados y ministros, prevista para el 1 de junio de 2025. Esta reforma ha sido objeto de intenso debate debido a sus posibles implicaciones en la independencia judicial y la separación de poderes.
Acciones del CJF contra jueces que otorgaron suspensiones
Recientemente, el CJF acordó denunciar ante la FGR a jueces que concedieron suspensiones y amparos en contra de la reforma judicial. Entre los señalados se encuentran la jueza María Gabriela Ruíz Márquez y el juez Sergio Santa María Chamú, quienes otorgaron las primeras suspensiones. Estas denuncias buscan imputar a los juzgadores por sus decisiones judiciales, lo que ha generado controversia en el ámbito jurídico.
Reacciones de la comunidad judicial ante las denuncias
La comunidad judicial ha manifestado su preocupación ante lo que consideran una persecución en su contra. Durante una conferencia, los juzgadores expresaron su solidaridad con los jueces denunciados y señalaron que estas acciones evidencian una cooptación de los órganos judiciales por parte del oficialismo. Además, en redes sociales, algunos internautas han emitido comentarios burlones hacia los jueces, lo que agrava la tensión en el sector.
Posición de la Suprema Corte y el TEPJF en el conflicto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intervenido en el conflicto, invalidando las suspensiones dictadas por algunos jueces y afirmando que no procede el amparo en materia electoral contra una reforma constitucional. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha intentado disputar las facultades de la SCJN para revisar juicios de amparo, lo que ha generado un enfrentamiento entre ambas instituciones.
Implicaciones de la elección popular de jueces en 2025
La reforma judicial contempla la elección popular de más de 900 cargos en el Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido más de 4,000 candidaturas para estos puestos, enfrentando desafíos logísticos y presupuestarios para organizar adecuadamente el proceso electoral. Esta elección, sin precedentes en México, busca que el Poder Judicial sea determinado por el voto universal, secreto y directo, lo que ha suscitado debates sobre la politización de la justicia y la independencia de los juzgadores.
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