La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la reforma judicial mexicana que permite la elección popular de jueces. Este cambio, promovido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado tensiones entre el gobierno y el Poder Judicial.
¿Qué establece la reforma judicial?
Promulgada el 15 de septiembre, la reforma plantea que los ciudadanos mexicanos puedan elegir directamente a los jueces. Según el gobierno, esta medida busca democratizar la justicia y fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, el personal judicial y diversos sectores han denunciado riesgos de politización e intromisión del Ejecutivo en el sistema judicial.
Durante una audiencia celebrada en Washington, la CIDH escuchó las posturas de los demandantes y del gobierno mexicano. Andrea Pocak, relatora para México, subrayó que aunque la democratización de la justicia es un objetivo loable, no debe comprometer la independencia judicial, un principio fundamental del sistema interamericano de derechos humanos.
Críticas a la reforma
Carlos Bernal, comisionado de la CIDH, calificó la reforma como «un ejemplo de abuso del constitucionalismo«, señalando que podría desmontar los contrapesos necesarios para garantizar la separación de poderes. «Cuando un gobierno arrasa en las urnas, ¿no es sospechoso que también quiera controlar el Poder Judicial?», cuestionó.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma, argumentando que responde a la soberanía del pueblo mexicano. «México es un país libre e independiente. El pueblo decide cuáles son las reformas constitucionales«, afirmó durante una conferencia de prensa.
Riesgos de deslegitimación
La CIDH ha señalado que experiencias similares en otros países han evidenciado los riesgos de deslegitimación del sistema judicial cuando los jueces son elegidos mediante procesos populares. Además, advirtió sobre posibles injerencias de otros poderes que comprometan la meritocracia en la designación de jueces.
¿Qué hará la CIDH?
Andrea Pocak aseguró que el organismo mantendrá un monitoreo constante sobre la implementación de la reforma y un diálogo permanente con el gobierno mexicano para garantizar que se respeten los principios fundamentales de la independencia judicial.
Reacciones divididas en México
La reforma ha polarizado a la sociedad mexicana. Mientras algunos sectores consideran que la medida fortalecerá la transparencia y la confianza ciudadana, otros temen que la elección de jueces responda a intereses políticos, lo que podría debilitar aún más al sistema judicial del país.
Claudia Sheinbaum también criticó la rapidez con la que la CIDH atendió la queja. «Hay casos que tardan años en ser tratados, pero esta reforma no tardó ni semanas», comentó, sugiriendo que el organismo muestra un interés inusual en este tema.
El debate sobre la reforma judicial mexicana pone en evidencia la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, así como las implicaciones de este cambio para la democracia del país. La CIDH, por su parte, se compromete a vigilar el desarrollo de la reforma para garantizar que se respeten los derechos y principios fundamentales.
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