En una estrategia audaz y controvertida, el gobierno de Clara Brugada en la CDMX ha lanzado un programa que ofrece vivienda a personas que denuncien penalmente a quienes les vendieron lotes en suelo de conservación, generando un intenso debate sobre sus implicaciones.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha puesto sobre la mesa una de las políticas de vivienda y medio ambiente más polémicas de los últimos años. Se trata de un programa que busca combatir la invasión de áreas protegidas ofreciendo una vivienda digna y legal a aquellas personas que presenten una denuncia formal ante la fiscalía en contra de los líderes o grupos que les vendieron de manera fraudulenta terrenos en estas zonas.
El Objetivo: Recuperar el Pulmón de la Ciudad
El objetivo declarado de la administración capitalina es claro: recuperar las 88,000 hectáreas de suelo de conservación que son vitales para la ciudad, no solo como su principal «pulmón», sino porque de ellas depende la infiltración de hasta el 70% del agua que se consume en varias alcaldías. La estrategia busca desarticular las redes criminales que se han enriquecido con la venta ilegal de estos terrenos y llevar a sus cabecillas ante la justicia.
Esta iniciativa se enmarca en un estilo de gobierno que Brugada ha impulsado, basado en acciones territoriales y programas de contacto directo con la ciudadanía, como «La Policía Cerca de Ti» o los «100 Puntos de Acupuntura Hídrica» para la gestión del agua.
La Controversia: ¿Solución Pragmática o Riesgo Moral?
A pesar de sus nobles objetivos, el programa ha generado un intenso debate. Los críticos señalan un potencial riesgo moral: la política, en la práctica, recompensa a personas que, si bien pudieron ser víctimas de un fraude, también participaron activamente en un acto ilegal como es la ocupación de suelo protegido.
Surgen preguntas complejas:
- ¿Podría este programa incentivar un ciclo de «comprar ilegal, invadir, denunciar y obtener una casa legal»?
- ¿Es justo para quienes han esperado por años una vivienda a través de los canales legales?
- ¿Cómo se diferenciará a la víctima de fraude del invasor oportunista?
«Cualquier persona que haya entregado dinero por un predio en estas zonas, debe presentar su denuncia. (…) La Secretaría de Vivienda está lista para ofrecerles una vivienda asequible y digna». – Declaraciones atribuidas a la Jefatura de Gobierno.
Un Nuevo Paradigma de Gobernanza Urbana
Los defensores de la medida la ven como una solución pragmática a un problema que los métodos tradicionales de desalojo y persecución penal no han logrado resolver. La estrategia busca utilizar incentivos para romper la ley del silencio y hacer que los participantes de menor nivel en estas redes criminales colaboren con las autoridades para llegar a los verdaderos organizadores.
Es, en esencia, una admisión de que el Estado por sí solo no puede contener el fenómeno y necesita la cooperación de los propios habitantes de los asentamientos. El éxito o fracaso de este audaz experimento social será una importante lección de gobernanza urbana, una que pone en la balanza la necesidad de resultados prácticos contra el principio de no recompensar actos ilegales.
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