La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que tres empresas fueron sancionadas por presentar información falsa en procesos de contratación con dependencias del Gobierno de México. Las resoluciones fueron emitidas por los Órganos Internos de Control (OIC) de la Lotería Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la Secretaría de la Defensa Nacional, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Mentir para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, destacó la dependencia en un comunicado, reafirmando su compromiso con procesos de contratación honestos, legales y transparentes.
Multas e inhabilitaciones: los casos específicos
Coordinadora y Desarrolladora P&O, S.A. de C.V. entregó una opinión fiscal falsa del SAT durante una licitación nacional. Recibió una multa de 168 mil 283 pesos y fue inhabilitada por tres meses, tras resolverse su recurso de revisión el 14 de octubre.
Market Solutions Atmosphera, S. de R.L. de C.V. fue sancionada con una multa de 924 mil 403 pesos y 21 meses de inhabilitación por presentar documentos falsos simulando experiencia en una contratación del IMP. La sanción fue notificada el 13 de octubre.
Mundoferremetl, S.A. de C.V. presentó documentación apócrifa sobre cumplimiento de obligaciones de seguridad social en un procedimiento de licitación de la Defensa, por lo que recibió una multa de 170 mil pesos y tres meses de inhabilitación, notificada el 17 de septiembre.
Impacto en contrataciones públicas
Las tres empresas fueron incluidas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, impidiéndoles participar en nuevas licitaciones o celebrar contratos con el gobierno, directa o indirectamente.
La Secretaría Anticorrupción enfatizó que las compañías pueden impugnar las sanciones, aunque defendió las resoluciones con apego a derecho y en protección del interés público, reforzando la integridad en la contratación pública.
La importancia de la transparencia en licitaciones
Expertos en compliance y contratación pública señalan que sanciones como estas envían un mensaje claro: la falsificación de información en licitaciones tiene consecuencias severas y protege los recursos del Estado. Asimismo, asegura que las oportunidades de negocios se asignen de manera justa y equitativa, incentivando la competencia leal.
El caso también destaca la relevancia de los Órganos Internos de Control, cuyo rol es vigilar que los procedimientos de contratación cumplan la ley y los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa.
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