En un contexto de creciente tensión política, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, volvió al centro del debate nacional al denunciar públicamente un nuevo intento por retirarle el fuero constitucional. La acción, promovida desde el Congreso, representa —según sus palabras— un intento de censura y persecución política brutal por parte del gobierno encabezado por Morena.
“Me quieren callar”: Alito responde desde el Senado
Flanqueado por legisladores priistas en la Comisión Permanente del Congreso, Moreno se presentó ante los medios con un mensaje contundente.
“Me quieren callar, me quieren doblar. Ya lo intentó el narco presidente López Obrador y no pudo. No me van a quebrar, valor es lo que me sobra”, afirmó.
Desde la sede del Senado, Moreno acusó al partido oficialista de usar las instituciones judiciales como herramientas de intimidación, afirmando que el verdadero objetivo es silenciar su oposición y castigar su postura crítica frente al régimen.
Acusaciones penales contra AMLO y altos perfiles de Morena
La reacción de Moreno se da tan solo unos días después de que presentara denuncias penales ante la FGR contra una lista de prominentes figuras de la Cuarta Transformación, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien relaciona con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Entre los mencionados también destacan:
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas
- Adán Augusto López, senador y exsecretario de Gobernación
- Layda Sansores, gobernadora de Campeche
- Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación
- Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California
- Manuel Bartlett, titular de la CFE
- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y actual secretario de Organización de Morena
Según Moreno, algunos de estos personajes formarían parte de una supuesta red de corrupción y “narcoestado institucional” que, asegura, opera impunemente bajo la protección del poder.
Exige la renuncia de Adán Augusto
Uno de los señalamientos más duros estuvo dirigido a Adán Augusto López, a quien exigió su renuncia inmediata como senador y como coordinador en el Senado, argumentando que su cercanía con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, hoy prófugo de la justicia, lo convierte en una figura políticamente insostenible.
Moreno aseguró que no se detendrá y que seguirá utilizando los cauces institucionales para denunciar lo que califica como un “régimen autoritario y corrupto”.
“Este narcopartido está asesinando a México. Y mi voz no se va a apagar, ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, concluyó.
Contexto político: el desafuero como herramienta de presión
El desafuero de Alejandro Moreno no es un episodio aislado. En el actual escenario político, los intentos por retirar el fuero a opositores se han convertido en un recurso recurrente, lo que ha levantado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales sobre el uso faccioso del aparato judicial.
Moreno sostiene que esta es la tercera ofensiva legal en su contra en menos de dos años, justo después de votaciones clave en el Congreso donde el PRI votó en bloque contra reformas impulsadas por Morena, como la militarización de la seguridad pública y la reforma electoral.
¿Golpe de efecto o estrategia de victimización?
Analistas políticos ven en la postura de “Alito” una jugada estratégica para reposicionarse como figura opositora rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030. Para otros, sus denuncias contra AMLO y figuras clave de la 4T podrían ser parte de una narrativa de victimización política en un contexto donde su liderazgo dentro del PRI ha sido duramente cuestionado por sectores internos.
Aun así, el cruce de acusaciones intensifica la polarización y pone sobre la mesa un debate urgente sobre la politización de la justicia en México.
Reacciones en redes y respuesta de Morena
Mientras tanto, Morena ha rechazado las acusaciones de persecución, asegurando que los procesos judiciales en curso responden a investigaciones independientes y que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, la guerra mediática no se detiene: redes sociales, medios digitales y líderes de opinión ya han tomado postura en uno u otro bando, intensificando el fuego cruzado.
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