Abuso sexual es una expresión que durante años ha sido sinónimo de silencio, miedo e impunidad para miles de mujeres en México. Hoy, esa realidad comienza a transformarse con una iniciativa que ya fue aprobada en 16 de los 32 congresos locales del país y que busca homologar la tipificación y sanción de este delito en todo el territorio nacional.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, confirmó que la iniciativa prácticamente ya está presentada en todos los congresos estatales y que el objetivo es lograr su aprobación total antes del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Pero detrás de los números y los dictámenes hay historias reales.
Historias de mujeres que no encontraron justicia porque el delito estaba definido de manera distinta según el estado. Historias donde la ambigüedad legal permitió vacíos que favorecieron la impunidad. La reforma busca precisamente cerrar esas grietas.
¿Qué cambia con la reforma al Código Penal?
La modificación a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal amplía la definición del delito y clarifica qué conductas constituyen abuso sexual. Esto no solo fortalece las sanciones penales, sino que también envía un mensaje claro: cualquier acto de esta naturaleza es un delito y debe castigarse.
Además de penas y multas, la reforma incluye medidas complementarias como la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia, así como servicio social en favor del Estado o instituciones de beneficencia pública.
El objetivo no es únicamente castigar, sino prevenir la repetición y promover un cambio cultural profundo.
En un país donde, según la ENDIREH 2021, casi la mitad de las mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, la homologación legislativa se convierte en una herramienta clave para garantizar justicia.
La importancia de homologar el delito en todo México
En la mitad del debate nacional, el concepto de abuso sexual adquiere una dimensión aún más urgente: sin criterios uniformes, la justicia puede variar dependiendo del código penal local.
Homologar significa que el delito tendrá la misma definición y consecuencias en todo el país. Esto facilita la actuación de fiscalías estatales, fortalece la respuesta institucional y evita interpretaciones ambiguas que puedan favorecer al agresor.
La expectativa es que, antes del 8 de marzo, México pueda anunciar que el delito ya está homologado en las 32 entidades federativas.
Más allá del anuncio político, el verdadero impacto será que las víctimas tengan mayor certeza jurídica.
Cambio cultural: más allá de la sanción penal
Combatir la violencia contra las mujeres no se limita a endurecer penas. Implica transformar mentalidades.
La reforma se inserta dentro de un plan integral impulsado por la Secretaría de las Mujeres, que busca consolidar una cultura basada en la igualdad sustantiva y el respeto.
El mensaje es contundente: no habrá impunidad.
La funcionaria recordó que, en muchos casos, las agresiones provienen del círculo cercano de la víctima. Esto hace aún más urgente fortalecer mecanismos de denuncia, acompañamiento y potección.
Cuando la ley es clara, la sociedad también lo es.
Justicia con perspectiva de género
La incorporación de talleres reeducativos y perspectiva de género en las sanciones apunta a una dimensión preventiva. Se busca que quienes cometen el delito enfrenten no solo consecuencias legales, sino procesos que promuevan la no repetición.
El fortalecimiento de las fiscalías y la coordinación entre niveles de gobierno será clave para que la reforma no quede solo en papel.
La lucha contra la violencia sexual requiere recursos, capacitación y voluntad política constante.
Un avance hacia la igualdad sustantiva
Cada reforma legislativa es un paso dentro de un proceso más amplio. En este caso, se trata de consolidar una política pública que garantice acceso a la justicia y protección efectiva.
Las cifras siguen siendo alarmantes. Más del 49% de las mujeres en México ha experimentado violencia sexual a lo largo de su vida. Este dato no es solo estadístico; es un reflejo de una deuda histórica.
La homologación del delito de abuso sexual representa un compromiso institucional para saldar parte de esa deuda.
No se trata únicamente de castigar, sino de enviar un mensaje social claro: la violencia no es normal ni tolerable.
Un país que exige cero impunidad
El avance en 16 congresos demuestra consenso político, pero el verdadero reto está en la implementación.
Las leyes deben traducirse en sentencias, acompañamiento a víctimas y prevención efectiva.
Si el proceso culmina con la aprobación en las 32 entidades, México dará un paso significativo hacia un marco jurídico uniforme y más sólido.
Al final, el objetivo es simple pero profundo: que ninguna mujer tenga que enfrentar sola el peso del silencio o la indiferencia institucional frente al abuso sexual. La reforma avanza. La exigencia social también. Y la justicia, poco a poco, busca abrirse paso contra el abuso sexual.
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