La vía electoral en Venezuela se cierra por manipulación gubernamental, generando apatía y una crisis humanitaria que impulsa la migración masiva. Conozca la realidad del país.
La ruta electoral para el cambio político en Venezuela ha sido efectivamente clausurada por la manipulación gubernamental, resultando en una apatía electoral generalizada y una profundización de la crisis humanitaria que ha provocado la migración masiva de más de 7.7 millones de venezolanos.
La situación en Venezuela en la jornada del 4 de junio de 2025 se caracteriza por el cierre efectivo de la vía electoral para el cambio político, una consecuencia directa de la manipulación gubernamental de los resultados electorales de 2024. Esta realidad ha generado un debate estéril dentro de la oposición sobre las estrategias futuras para el país.
Las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo de 2025 estuvieron marcadas por una «casi absoluta apatía electoral». Se estima que tres cuartas partes del electorado se abstuvieron de votar, lo que refleja una percepción generalizada de que el sistema electoral carece de viabilidad. Esta baja participación no es solo apatía, sino un reflejo de una población que percibe el sistema electoral como manipulado, lo que lleva a una pérdida de fe en los procesos democráticos.
El análisis de la situación se remonta a la «abrumadora victoria» del candidato presidencial opositor Edmundo González el 28 de julio de 2024, que fue presuntamente «robada» mediante lo que se describe como uno de los «actos más flagrantes de fraude electoral en la historia de América Latina». A esto le siguió una ola de «terrorismo de Estado», que incluyó muertes, detenciones y desapariciones forzadas de opositores.
El gobierno ha implementado tácticas de obstrucción activa para impedir la participación de la oposición. El partido de María Corina Machado no pudo registrarse, y la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria, fue bloqueada para inscribir candidatos. De los 21 partidos de oposición que ganaron las elecciones legislativas de 2015, solo uno puede presentar candidatos actualmente. El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, adelantó unilateralmente la fecha de las elecciones y eliminó medidas clave de transparencia, como el código QR en las boletas que permitía a la oposición validar su conteo en julio de 2024.
A pesar de la baja participación, el partido de Maduro, el PSUV, obtuvo una victoria abrumadora, asegurando 253 de los 285 escaños de la Asamblea Nacional y tres de las cuatro gobernaciones que antes estaban en manos de la oposición. Además, Maduro ha propuesto una reforma radical a la Constitución de 1999 para establecer un «estado comunal», que busca transferir el poder de los gobiernos estatales y municipales a asambleas populares dependientes del ejecutivo, lo que podría reemplazar la democracia representativa con una participación ciudadana directa y eliminar el sufragio universal y el voto secreto. Esto significa una profunda erosión de las instituciones democráticas en Venezuela, trascendiendo la mera inestabilidad política hacia un régimen autoritario más arraigado.
La crisis política está intrínsecamente ligada a una profunda crisis humanitaria que continúa afectando a la población. La migración masiva de venezolanos persiste, con más de 7.7 millones de personas que han abandonado el país en los últimos años. Esta cifra convierte el desplazamiento venezolano en el «segundo más grande después del de Siria» a nivel global. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha establecido un plan de respuesta a la crisis para 2025, con un presupuesto de $18.28 millones, destinado a apoyar a poblaciones vulnerables, incluyendo desplazados internos, migrantes y retornados, con asistencia esencial como refugio, alimentos y protección. El hecho de que esta crisis reciba «mucha menos atención y recursos internacionalmente» en comparación con la de Siria es un punto crítico, lo que sugiere una brecha en la respuesta global a pesar de la inmensa necesidad. Esto impone una carga desproporcionada sobre los países vecinos de América Latina, generando efectos en cascada en términos de servicios sociales, mercados laborales y estabilidad política.
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