En una maniobra que ha elevado la tensión diplomática al máximo, el gobierno de Venezuela ha solicitado la extradición de los mismos sospechosos del asesinato del exmilitar Ronald Ojeda que Chile busca juzgar, una acción calificada como un intento de obstrucción .
La investigación por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano y disidente político, Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024, ha trascendido el ámbito criminal para convertirse en un grave conflicto diplomático entre Chile y Venezuela. La fiscalía chilena sostiene una tesis explosiva: el crimen fue un operativo político orquestado y financiado desde Venezuela, ejecutado por la banda criminal Tren de Aragua.
La tensión ha llegado a un punto crítico con la última jugada de Caracas. Mientras Chile avanza en los procesos para extraditar desde Colombia a los principales sospechosos capturados, el gobierno de Nicolás Maduro ha presentado solicitudes de extradición concurrentes por los mismos individuos y por el mismo delito.
Para la fiscalía chilena y el gobierno, esta acción no es una coincidencia, sino una estrategia deliberada para entorpecer la investigación y garantizar la impunidad de los implicados.
«Lawfare»: La Guerra Jurídica para Evitar la Verdad
La maniobra de Venezuela es un claro ejemplo de «lawfare» o guerra jurídica. No se trata de una búsqueda genuina de justicia, sino del uso de los mecanismos legales internacionales para bloquear un proceso judicial adverso. Al presentar una solicitud competidora, Venezuela fuerza a un tercer país, en este caso Colombia, a tomar una decisión política compleja, retrasando el proceso y enturbiando un caso que judicialmente debería ser claro .
La Fiscalía Nacional de Chile ha sido enfática en su postura: «ante dos solicitudes concurrentes por un mismo hecho, debe priorizarse la jurisdicción donde se cometió el delito», es decir, Chile. La preocupación es que, si Colombia cediera a la presión y entregara los sospechosos a Venezuela, estos nunca serían juzgados en Santiago, lo que constituiría «un gran problema por una situación de impunidad».
Esta estrategia de obstrucción busca un doble objetivo: proteger a los ejecutores materiales del crimen y, más importante aún, evitar que estos revelen información que vincule directamente a altas esferas del poder en Caracas con el asesinato.
«Para nosotros es sumamente preocupante, evidentemente uno puede pensar que detrás de esto pudiera haber un interés obstructivo y de mera dilación… cobra sentido de que esto trata de ser un intento de bloqueo de interferencia de nuestras acciones». – Declaraciones de la fiscalía chilena.
Los Nombres Clave y la Acusación a Diosdado Cabello
La disputa se centra en figuras clave del Tren de Aragua, capturadas gracias a la cooperación internacional. Entre los principales sospechosos cuya extradición se disputa se encuentran :
- Dayonis Orozco («El Botija»)
- Carlos Gómez («Bobby de Cagua»)
- Luis Carrillo («Gocho»)
- Adrián Gámez («El Turko»)
La gravedad del caso se magnifica por las declaraciones de al menos tres testigos con identidad reservada dentro de la investigación chilena. Estos testigos han afirmado que el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda fue un crimen por encargo, ordenado y pagado por Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del chavismo.
Con estos antecedentes, el Estado de Chile ha decidido llevar el caso a la Corte Penal Internacional en La Haya, acusando al gobierno venezolano de estar detrás del crimen. La maniobra de Venezuela para evitar las extradiciones es vista como una prueba más de su implicación, un intento desesperado por silenciar a los testigos que podrían confirmar una operación de sicariato político en suelo extranjero, lo que constituiría una violación flagrante de la soberanía chilena. La decisión final sobre el destino de los sospechosos recae ahora en el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
