Congreso blinda a Boluarte: archivan denuncia por muertes en protestas

Congreso blinda a Boluarte: archivan denuncia por muertes en protestas
Congreso blinda a Boluarte: archivan denuncia por muertes en protestas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano votó por archivar la denuncia fiscal contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas de 2022 y 2023, en una decisión que ha sido calificada como un «blindaje» político .

En un capítulo más de la «crisis política crónica» que aqueja al Perú, el Congreso de la República ha tomado una decisión que profundiza la desconfianza ciudadana en sus instituciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, con más de 10 votos a favor y solo 2 en contra, el informe que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por la presunta responsabilidad en la muerte de más de 40 personas durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023 .

La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Nación, imputaba a la mandataria los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves . La votación, que contó con el respaldo de congresistas de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, ha sido ampliamente interpretada como un «blindaje» político para proteger a la jefa de Estado.

El argumento central del informe, sustentado por el congresista ponente José Jerí (Somos Perú), fue que «no se han identificado órdenes directas, ni un nexo causal claro» y que no existen «elementos concluyentes» para probar una conducta delictiva. 

Un Pacto de Supervivencia Política

La decisión de la subcomisión no puede analizarse como un simple acto jurídico o parlamentario aislado. Se enmarca en una dinámica de supervivencia mutua entre un Poder Ejecutivo debilitado y un Poder Legislativo con bajos niveles de aprobación, pero con un poder significativo. En lugar de fiscalizar al gobierno para ganar legitimidad ante la ciudadanía, una mayoría del Congreso ha optado por proteger a la presidenta.

Esta alianza tácita se explica por un cálculo político: una eventual destitución de Dina Boluarte podría desencadenar un adelanto de elecciones generales, un escenario que la mayoría de los actuales congresistas busca evitar a toda costa para no perder sus escaños y cuotas de poder . El blindaje a la presidenta se convierte así en una póliza de seguro para la propia supervivencia del Parlamento.

Este fenómeno es un síntoma de una profunda desconexión entre la clase política y el sentir ciudadano. La decisión de archivar una investigación tan sensible, que involucra la pérdida de decenas de vidas, es vista por amplios sectores de la población como un acto de impunidad que erosiona aún más la ya frágil confianza en la democracia peruana, donde el país ya figura entre los de menor confianza en su clase política en la región.

“Sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones en el ámbito de sus competencias a fin de establecer las eventuales responsabilidades individuales conforme a Derecho”. – Conclusión del informe de la SAC, una frase que busca atenuar el impacto político pero que no cambia el resultado del blindaje parlamentario. 

El Camino Hacia la Impunidad

Aunque el informe archivado deja una puerta abierta para que la Fiscalía continúe con las investigaciones a nivel individual, el mensaje político es contundente: la máxima autoridad del Estado no será sometida a un antejuicio político por estos hechos.

Los votos que sellaron el archivo de la denuncia provinieron de un espectro político diverso pero unido en el objetivo de mantener el actual status quo :

  • A favor del archivo (entre otros): Jorge Montoya (Honor y Democracia), Martha Moyano (Fuerza Popular), Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso), Esdras Medina (Renovación Popular), Elvis Vergara (Acción Popular).
  • En contra del archivo: Flavio Cruz (Perú Libre), Pasión Dávila (Bancada Socialista).

Esta decisión no solo impacta en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, sino que también sienta un precedente preocupante sobre la rendición de cuentas del poder en el Perú, un país que, según análisis internacionales, sin reformas profundas, está condenado al estancamiento y a la inestabilidad.

Salir de la versión móvil