La madrugada de este viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) emitió una resolución que podría alterar el destino de los principales opositores encarcelados desde la crisis política de 2019: Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho.
La instrucción es clara: los tribunales departamentales deberán verificar de inmediato si los plazos de detención preventiva han sido cumplidos o excedidos. El plazo máximo: 24 horas. Una decisión que no solo impacta en los acusados, sino que también reabre el debate sobre la independencia judicial en Bolivia.
Cuatro años esperando justicia
Jeanine Áñez, expresidenta interina, y Luis Fernando Camacho, líder opositor, llevan más de cuatro años privados de libertad. Ambos han denunciado persecución política, mientras sus familias y simpatizantes han mantenido vigilias, marchas y campañas por su liberación.
En redes sociales, Áñez expresó: “Después de 4 años y medio, el TSJ instruye actuar en derecho. No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho”.
Para muchos bolivianos, la resolución representa una chispa de esperanza en medio de años marcados por juicios cuestionados, acusaciones de terrorismo y un clima político polarizado.
¿Qué implica la orden del TSJ?
El instructivo firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, establece que los jueces deben actuar “inclusive de oficio” y resolver conforme a la Constitución y la Ley Orgánica Judicial.
En términos prácticos, si se comprueba que los plazos legales de detención preventiva fueron superados, los acusados podrían recuperar su libertad.
El abogado constitucionalista William Bascopé lo explicó así: “Es una de las pocas veces que el TSJ asume un rol trascendental. Ahora los jueces deben determinar si la detención aún es justificada jurídicamente”.
La crisis política de 2019
Los procesos judiciales contra Áñez, Camacho y Marco Antonio Pumari tienen su origen en la crisis poselectoral de 2019, cuando Evo Morales renunció tras denuncias de fraude electoral y protestas que dejaron decenas de muertos.
Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel en el caso “Golpe de Estado II”. Camacho y Pumari permanecen recluidos en el denominado caso “Golpe de Estado I”. En total, hay más de 300 presos políticos vinculados a esos hechos, según denuncias de organismos y opositores.
Una justicia bajo la lupa internacional
Diversos organismos de derechos humanos han señalado que las detenciones prolongadas y los juicios en Bolivia carecen de garantías mínimas. Por eso, la orden del TSJ podría convertirse en un punto de inflexión para el sistema judicial boliviano y su credibilidad internacional.
¿Qué sigue ahora?
Los tribunales departamentales tienen 24 horas para cumplir la disposición. El país entero aguarda el resultado de este proceso, que podría significar:
- La liberación inmediata de los acusados.
- La ratificación de las detenciones preventivas.
- Un precedente histórico para otros procesos políticos abiertos.
Mientras tanto, Áñez y Camacho esperan en prisión una decisión que podría devolverles la libertad y reconfigurar el mapa político boliviano.
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