El Gobierno de Donald Trump anunció este martes que planea exigir a los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos inscribirse en un registro y proporcionar sus huellas dactilares. Esta medida supone un endurecimiento significativo de su política migratoria.
Los migrantes que no cumplan con esta exigencia podrían enfrentar un proceso penal con multas e incluso penas de cárcel. Actualmente, su estatus migratorio se considera un delito civil, pero esta nueva acción podría convertirlo en un delito penal.
Un mecanismo de presión para forzar la salida voluntaria
Según fuentes del gobierno, el objetivo real de la medida es presionar a los migrantes indocumentados para que abandonen el país de manera voluntaria. La inscripción proporcionaría datos al Gobierno que facilitarían futuras deportaciones, mientras que el incumplimiento del registro podría suponer sanciones legales.
“El presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: Márchense ahora”, declaró la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.
“Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, agregó en un comunicado publicado por The New York Times.
Registro obligatorio también para menores
La medida no solo afecta a adultos. Los padres de indocumentados mayores de 14 años también deberán inscribir a estos menores en el registro, lo que ha generado preocupación en diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Resistencia de la comunidad migrante
Es poco probable que los migrantes indocumentados se inscriban voluntariamente en este registro, dado que Trump ha prometido deportaciones masivas de los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Este registro se basa en una antigua ley aprobada durante la Segunda Guerra Mundial, que obligaba a los migrantes en situación irregular a inscribirse. Sin embargo, hasta ahora, esta normativa había quedado en desuso.
Reacciones y críticas
La medida ha generado fuertes críticas entre grupos de derechos humanos y legisladores de la oposición, quienes la consideran una estrategia para criminalizar a los migrantes y justificar futuras deportaciones masivas.
A medida que la situación se desarrolla, se espera que haya una respuesta legal por parte de organizaciones pro-migrantes y defensores de los derechos humanos para frenar esta política.
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