Este viernes, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia contra las Mujeres de Sacaba, Bolivia, emitió una orden de libertad inmediata para la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, quien enfrentaba un proceso por genocidio y genocidio en grado de tentativa, delitos por los que la Fiscalía solicitaba 30 años de prisión, informó RT.
Áñez estaba detenida desde marzo de 2021 en la prisión de Miraflores, La Paz. Su historial judicial incluye acusaciones de terrorismo, sedición, conspiración y genocidio, relacionadas con los sucesos políticos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.
Libertad condicionada por sentencia previa
El tribunal aclaró que la libertad se ejecutará siempre que Áñez no esté detenida por otro proceso, lo que significa que aún permanece recluida. En junio de 2022, fue sentenciada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
Procesos por golpe de Estado y represión de protestas
Jeanine Áñez asumió la presidencia tras la renuncia de Evo Morales, en medio de fuertes presiones militares y sociales. Su gobierno interino estuvo marcado por controversias y represión de manifestaciones, siendo el caso Senkata uno de los más relevantes.
Durante estas protestas, que ocurrieron en Senkata, Huayllani, Sacaba y Betanzos, se reportaron 36 muertos y más de 800 heridos, además de detenciones arbitrarias y torturas, según investigaciones de la Defensoría del Pueblo y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Ascenso y retirada de la candidatura presidencial
Áñez se proclamó presidenta interina en noviembre de 2019, con la promesa de convocar elecciones generales. Sin embargo, poco después sorprendió al anunciar su candidatura presidencial para 2020. La caída de su popularidad la llevó a retirar su nominación en septiembre de 2020, antes de las elecciones, consolidando la tensión política que marcó su breve mandato.
Contexto político y derechos humanos
El caso de Áñez evidencia la complejidad del sistema judicial boliviano y la intervención de organismos internacionales, como la CIDH, para garantizar derechos humanos. Este episodio también refuerza el debate sobre la legitimidad de su gobierno y las implicaciones de las decisiones tomadas durante la transición política tras la renuncia de Morales.
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