El gobierno del Reino Unido ha proscrito oficialmente al grupo activista propalestino «Palestine Action», designándolo como organización terrorista. La medida, que conlleva penas de hasta 14 años de cárcel por pertenencia, ha sido calificada de «ataque a las libertades democráticas».
En una decisión que ha generado una profunda controversia en el Reino Unido, el gobierno ha utilizado la legislación antiterrorista para prohibir la organización de acción directa «Palestine Action». La medida, que entró en vigor a medianoche tras ser aprobada por el Parlamento, tipifica como delito pertenecer o apoyar al grupo, con sentencias que pueden alcanzar los 14 años de prisión.
La decisión ha desatado un intenso debate sobre los límites de la protesta y la libertad de expresión, enfrentando la seguridad nacional con los derechos civiles. El grupo activista perdió un intento de última hora en el Tribunal Superior de Londres para bloquear la prohibición.
Los Argumentos del Gobierno: Daños y Seguridad
La justificación del gobierno para una medida tan drástica se basa en las tácticas empleadas por Palestine Action. Fundado en 2020, el grupo ha protagonizado numerosas acciones directas contra empresas que, según ellos, están vinculadas a la industria de defensa de Israel, en particular Elbit Systems.
El detonante final fue una incursión en una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) el mes pasado, donde activistas dañaron dos aviones con pintura roja y palancas en protesta por el apoyo británico a Israel. La ministra del Interior, Yvette Cooper, defendió la prohibición apelando a la seguridad nacional y afirmando que no hay espacio para los «daños criminales» en las protestas.
La Respuesta: «Nos Prohíben por Ser Efectivos, no Terroristas»
Palestine Action y numerosas organizaciones de derechos humanos han condenado la medida como un abuso de poder. Argumentan que sus acciones, aunque disruptivas, son actos de desobediencia civil no violenta que nunca han puesto en peligro vidas humanas.
«Es la primera vez en nuestra historia que se solicita la proscripción por terrorista de un grupo de desobediencia civil de acción directa, que no aboga por la violencia», declaró el abogado del grupo ante el tribunal, comparando sus tácticas con las de las sufragistas o los activistas anti-apartheid.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado la medida de «extralimitación legal sin precedentes». Críticos, como la diputada Zarah Sultana, han sido contundentes: «Equiparar un aerosol con un atentado suicida es grotesco. Es una distorsión de la ley para acallar la disidencia». La narrativa de los activistas es clara: el gobierno los está persiguiendo no por ser una amenaza terrorista, sino por el impacto económico real que sus campañas han tenido sobre la industria armamentística.
Un Debate sobre la Democracia
La controversia se agudizó por el hecho de que la orden ministerial para prohibir a Palestine Action también incluía a dos grupos de ultraderecha supremacistas blancos. Varios legisladores admitieron haberse sentido obligados a votar a favor del paquete completo para no ser vistos como blandos con el extremismo de derechas, diluyendo el debate específico sobre el grupo propalestino.
Expertos de Naciones Unidas habían alertado previamente que Palestine Action no cumplía los criterios para ser clasificado como terrorista. La decisión del gobierno británico establece un precedente preocupante, al utilizar leyes diseñadas para combatir a organizaciones como Al-Qaeda contra un movimiento de protesta social.
Lo que está en juego, según los defensores de los derechos civiles, no es solo el futuro de una organización, sino el propio derecho a la protesta y a la disidencia en una democracia occidental.
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