Con los embalses en niveles críticamente bajos, las autoridades de Madrid han activado el Plan de Emergencia por Sequía, contemplando restricciones de consumo, multas por derroche e incluso la posibilidad de una “tasa de emergencia” para financiar obras urgentes.
La imagen de los embalses del sistema del Canal de Isabel II, que abastecen a más de seis millones de personas en la Comunidad de Madrid, es desoladora. La falta de lluvias y las altas temperaturas han llevado la reserva hídrica a un preocupante 37% de su capacidad, una cifra que ha encendido todas las alarmas y ha forzado al gobierno regional a tomar medidas drásticas.
El Gobierno ha activado formalmente el Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía, un protocolo que gradúa las acciones según la gravedad de la escasez. Actualmente, aunque el suministro a la población está garantizado a corto plazo, se han iniciado acciones preventivas y se prepara a la ciudadanía para un escenario que podría incluir cortes nocturnos si la situación no mejora.
El problema no es exclusivo de Madrid. A nivel nacional, el 14,6% del territorio español está en situación de emergencia por escasez de agua y un 27,4% en alerta, especialmente en cuencas como la del Guadalquivir (19%) y las internas de Cataluña (23%).
Las medidas que vienen: Restricciones y sanciones
El plan contempla un abanico de medidas que se aplicarán de forma progresiva. Aunque todavía no se han anunciado cortes generalizados para el consumo doméstico, sí se están implementando o estudiando las siguientes acciones:
- Prohibición de usos no esenciales: Se ha prohibido el riego de jardines y zonas verdes públicas y privadas, el baldeo de calles, el llenado de piscinas y el lavado de coches fuera de establecimientos autorizados.
- Multas por derroche: Ayuntamientos de la región, siguiendo el ejemplo de otros en España, preparan ordenanzas para sancionar el consumo excesivo. Las multas podrían oscilar desde los 750 hasta los 3.000 euros para los casos más graves de malgasto.
- Presión sobre grandes consumidores: Se está reduciendo la dotación de agua para usos agrícolas e industriales en las zonas más afectadas.
«Es necesario hacer un uso racional del agua para evitar que los efectos de la sequía empeoren. La colaboración ciudadana es fundamental». – Declaración de un portavoz del Canal de Isabel II.
¿Una «tasa de emergencia» en la factura?
Una de las medidas más polémicas que se baraja es la creación de una «tasa de emergencia por sequía». Inspirada en propuestas de otros municipios españoles afectados, como Jerez, esta tasa sería un recargo temporal en la factura del agua. Su objetivo sería doble: por un lado, desincentivar el consumo excesivo y, por otro, financiar las obras de emergencia necesarias para garantizar el suministro, como la modernización de conducciones para evitar fugas (que actualmente suponen hasta un 25% del agua en algunas redes ) y la mejora de las plantas de reutilización de agua.
Aunque el Gobierno regional insiste en que su prioridad es garantizar el suministro sin afectar al bolsillo del ciudadano, la prolongación de la sequía podría hacer inevitable esta medida. La situación pone de manifiesto la extrema vulnerabilidad de España al cambio climático y la urgente necesidad de una gestión del agua más eficiente y sostenible a largo plazo.
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