El Fiscal de Milán, Alessandro Gobbis, investiga a un grupo de millonarios italianos acusados de haber participado en los llamados “safaris humanos”, una práctica macabra ocurrida durante la guerra de Serbia y Bosnia en los años 90.
De acuerdo con las primeras indagatorias, los implicados, entre ellos abogados, empresarios y contadores, habrían pagado entre 80 mil y 100 mil euros para participar en estos actos, donde disparaban contra civiles, incluyendo niños, solo por diversión.
¿Cómo operaban los “safaris humanos”?
La existencia de estos “safaris” fue revelada por el periodista italiano Ezio Gavezzani, quien documentó los hechos mientras cubría la guerra en los Balcanes.
“Había alemanes, franceses, canadienses, rusos, estadounidenses y españoles”, declaró Gavezzani al diario La Vanguardia.
El periodista señaló que los turistas de guerra eran recibidos por milicias serbias, quienes los escoltaban hasta zonas controladas en Sarajevo. Una vez allí, se les proporcionaban armas y los guiaban en su “cacería”.
“Yo pensaba que quien mata siempre tiene una motivación fuerte detrás, pero me equivocaba. Iban de safari, como lo llamaban ellos”, dijo Gavezzani.
Según la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, existía incluso una lista de precios donde los disparos a niños costaban más que los dirigidos a adultos.
El periodista describió a los participantes como personas con vidas aparentemente normales, pero con entrenamiento en armas y permisos legales para portarlas.
“No eran mercenarios ni fanáticos. Eran abogados, empresarios, contadores. Personas con familia, con empresas, que volvían a su rutina después de matar”, denunció Gavezzani.
Antecedentes de los safaris
Los “safaris humanos” ocurrieron durante la guerra que devastó Bosnia y Serbia entre 1992 y 1995, conflicto en el que más de 100 mil personas murieron y millones fueron desplazadas.
El principal responsable del genocidio, Radovan Karadzic, fue condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad ante el Tribunal Internacional de La Haya.
La nueva investigación de la Fiscalía de Milán busca determinar la responsabilidad penal de los civiles extranjeros que pagaron por participar en esas atrocidades, un caso que podría reabrir viejas heridas en la historia reciente de Europa.
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