En una votación histórica, el Parlamento del Reino Unido ha aprobado despenalizar el aborto para las mujeres en Inglaterra y Gales. La reforma impide que sean investigadas o encarceladas por interrumpir su propio embarazo, poniendo fin a una ley de la era victoriana.
El Reino Unido ha dado un paso trascendental en la reforma de sus leyes sobre derechos reproductivos. La Cámara de los Comunes aprobó este martes, por una abrumadora mayoría de 379 votos a favor y 137 en contra, una enmienda que despenaliza de facto el aborto para las mujeres, impidiendo que puedan ser procesadas penalmente por interrumpir su propio embarazo, sin importar la etapa de gestación.
Esta es la modificación más significativa de la legislación sobre el aborto en el país en casi 60 años y se produce en un momento en que otros países, notablemente Estados Unidos, avanzan en la dirección opuesta, restringiendo el acceso al procedimiento.
El Fin de una Ley «Victoriana»
La reforma se centró en derogar partes de una ley de 1861, la «Offences Against the Person Act», que consideraba un delito que una mujer se provocara un aborto. Aunque el aborto es legal en Inglaterra y Gales hasta las 24 semanas con la aprobación de dos médicos (y más allá en circunstancias especiales), la existencia de esta antigua ley permitía que las mujeres que interrumpían su embarazo fuera de estos supuestos, por ejemplo, usando píldoras abortivas obtenidas por internet en etapas avanzadas, pudieran enfrentarse a penas de hasta cadena perpetua.
La diputada laborista Tonia Antoniazzi, promotora de la enmienda, argumentó que la ley era «cruel» y «victoriana», y que se estaba utilizando cada vez más para investigar a mujeres vulnerables. En los últimos cinco años, más de 100 mujeres han sido investigadas bajo esta normativa, incluyendo casos de abortos espontáneos y muertes fetales naturales.
«Esto no es justicia, es crueldad y tiene que terminar. Esta legislación solo sacará a las mujeres del sistema de justicia penal porque son vulnerables y necesitan nuestra ayuda.» – Tonia Antoniazzi, Miembro del Parlamento.
Casos que Impulsaron el Cambio
El debate público se intensificó a raíz de varios casos de alto perfil. Uno de los más sonados fue el de Carla Foster, una madre de tres hijos sentenciada a más de dos años de prisión en 2023 por inducir un aborto a los ocho meses de embarazo. Un tribunal de apelación la liberó un mes después, reduciendo su sentencia y pidiendo «compasión, no castigo».
Otro caso fue el de Nicola Parker, quien fue absuelta tras tomar píldoras abortivas con unas 26 semanas de gestación, argumentando que no sabía que había superado el límite legal de 10 semanas para el aborto en casa, una medida implementada durante la pandemia de COVID-19. Estos casos galvanizaron el apoyo para la reforma, mostrando cómo la ley existente podía castigar a mujeres en situaciones desesperadas.
Argumentos y Reacciones
* A favor de la reforma: Los defensores de la medida, como la organización MSI Reproductive Choices, la han calificado como un «hito crucial» que envía un «poderoso mensaje de que nuestros legisladores defienden a las mujeres». Argumentan que las mujeres en estas situaciones necesitan apoyo y atención médica, no criminalización.
* En contra de la reforma: Grupos antiaborto, como la Society for the Protection of Unborn Children, advirtieron que la medida eliminará la protección de los «bebés no nacidos» y dejará a las mujeres «a merced de los abusadores», abriendo la puerta al aborto a demanda en cualquier etapa del embarazo.
Alcance y Próximos Pasos
Es importante destacar que la nueva ley no cambia las reglas para el aborto en un entorno clínico ni los límites de gestación. Tampoco despenaliza a los profesionales médicos o a terceros que ayuden a una mujer a abortar fuera de la ley. Se centra exclusivamente en evitar la persecución penal de la propia mujer.
La enmienda fue aprobada como parte de un proyecto de ley sobre criminalidad más amplio, que ahora deberá pasar a la Cámara de los Lores para su aprobación final, un paso que se considera una formalidad. La ley se aplica a Inglaterra y Gales, ya que Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias en esta materia.
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