El martes pasado, el Congreso brasileño aprobó un controvertido proyecto de enmienda constitucional, irónicamente apodado “la PEC de los bandidos”, que limita la acción del STF contra parlamentarios. Con 344 votos a favor y 133 en contra, el proyecto recibió apoyo de bolsonaristas, congresistas del Centrão y 12 diputados del Partido de los Trabajadores de Lula.
El núcleo de la propuesta reintroduce la obligación de que el Tribunal Supremo Federal obtenga autorización previa del Congreso antes de iniciar cualquier investigación penal contra diputados o senadores, norma que existió entre 1988 y 2001 y que fue eliminada para combatir la impunidad.
Riesgo para la justicia y la sociedad
El fiscal de San Pablo, Roberto Livianu, calificó la PEC como una “alfombra roja al crimen organizado”. Según él, la medida podría impedir que legisladores acusados de múltiples delitos sean investigados, favoreciendo la impunidad legalmente.
Además, el proyecto podría congelar procesos en tribunales ordinarios, incluir inmunidad ante embargos o bloqueos de salarios y aumentar la prescripción de delitos, beneficiando directamente a figuras como Eduardo Bolsonaro y otros líderes de partidos importantes.
Impacto en la seguridad y la lucha contra el crimen
La aprobación de esta PEC coincide con un aumento de la violencia del PCC, principal organización criminal brasileña. El reciente asesinato del excomisario Ruy Ferraz Fontes, en Praia Grande, y otros ataques muestran cómo el crimen organizado avanza incluso sobre funcionarios jubilados, destacando la falta de protección a fiscales y policías.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, ha propuesto un paquete complementario de medidas para golpear financieramente al crimen, proteger a autoridades y facilitar el uso de agentes infiltrados, siguiendo modelos de Estados Unidos e Italia. Las acciones incluyen confiscación anticipada de bienes, encarcelamiento en segunda instancia y anonimato para jueces que enfrentan mafias.
Protesta social y cultural
La PEC ha desatado manifestaciones en todo Brasil, con artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil liderando conciertos de protesta en Río de Janeiro, denunciando la erosión de la confianza ciudadana y el aumento de la impunidad política.
Según encuestas de Datafolha, 8 de cada 10 brasileños creen que el Parlamento actúa en beneficio propio y no de la sociedad, lo que refleja un creciente desencanto ciudadano ante la corrupción y la falta de transparencia en el Congreso.
La aprobación de la PEC de blindaje representa un peligro para la institucionalidad y la seguridad pública en Brasil. Mientras la sociedad civil se organiza y se intensifican los debates legales, el crimen organizado continúa avanzando, mostrando la urgencia de medidas integrales que protejan a fiscales, jueces y ciudadanos.
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