Una nueva ley promulgada por el Poder Ejecutivo en Perú, que permite
penalizar como adultos a los menores de 16 y 17 años involucrados en actos
criminales, ha desatado una fuerte controversia y un choque institucional. Tanto
el Poder Judicial como la Defensoría del Pueblo han expresado su profundo
rechazo a la medida, anunciando esta última que presentará una acción de
inconstitucionalidad por considerar que vulnera la Convención de los Derechos
del Niño y carece de fundamentos técnicos.
El debate sobre la seguridad ciudadana y la justicia juvenil ha alcanzado un punto álgido en Perú con la reciente promulgación de una ley que endurece significativamente el tratamiento penal para los adolescentes de 16 y 17 años. La norma, impulsada por el Ejecutivo, busca responder a una «necesidad social», según la Policía Nacional, pero ha encontrado una férrea oposición en instancias garantes de derechos y en el propio sistema de justicia.
La Controversia Central: Penalización vs. Derechos del Niño
La ley establece que los menores en el rango de edad de 16 y 17 años podrán ser penalizados por actos criminales sin necesidad de un régimen especial, aunque se contempla la posibilidad de atenuar la pena en ciertos casos considerando la edad del infractor. Esta medida representa un giro hacia un enfoque más punitivo, alejándose de los principios de la justicia juvenil restaurativa que priorizan la rehabilitación y la reinserción social de los menores en conflicto con la ley.
La Defensoría del Pueblo ha sido una de las voces más críticas, anunciando que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Sus argumentos se centran en que la norma vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional ratificado por Perú que establece protecciones especiales para los menores de edad. Además, la Defensoría sostiene que la ley «carece de fundamentos técnicos» que justifiquen un cambio tan drástico en el tratamiento de la delincuencia juvenil.
Por su parte, el Poder Judicial también ha manifestado su rechazo y ha señalado la posibilidad de aplicar el control difuso, un mecanismo que permite a los jueces inaplicar una norma si consideran que es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país.
Choque de Poderes y Debate Social
La promulgación de esta ley evidencia una tensión entre la búsqueda de respuestas contundentes ante la criminalidad y la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes. Mientras un sector de la sociedad y algunas autoridades, como la Policía Nacional, pueden verla como una herramienta necesaria para combatir la inseguridad, organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia juvenil advierten sobre los riesgos de criminalizar prematuramente a los jóvenes y las consecuencias negativas de exponerlos al sistema penal de adultos.
“La Defensoría del Pueblo anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad por vulnerar la Convención de los Derechos del Niño y sostiene que la norma carece de fundamentos técnicos.” Reporte de TV Perú Noticias.
Este diferendo no es solo técnico-jurídico, sino que también refleja un conflicto entre el Poder Ejecutivo, que impulsa la ley, y el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, que actúan como contrapesos. La judicialización del tema será un capítulo clave, y su resolución podría sentar un precedente importante sobre los límites de la política criminal en relación con los derechos de la niñez y la adolescencia en Perú, así como sobre el equilibrio de poderes en el país.
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