El presidente argentino, Javier Milei, disolvió oficialmente la unidad especial creada para investigar el colapso del token cripto $LIBRA, un escándalo financiero que afectó a miles de inversores y en el cual el propio mandatario estuvo implicado por su promoción inicial. La medida, anunciada alrededor del 21 de mayo de 2025, ha desatado una fuerte controversia y acusaciones de obstrucción a la justicia.
Buenos Aires, Argentina – En una decisión que ha encendido las alarmas sobre la transparencia y la independencia de las investigaciones gubernamentales, el presidente Javier Milei ordenó el cierre de la Unidad de Tarea de Investigación (UTI) encargada de esclarecer el sonado caso del token criptográfico $LIBRA. La UTI había sido establecida en febrero de 2025 por el mismo Milei, después de que el token, que él había promocionado en sus redes sociales, se desplomara estrepitosamente, causando pérdidas a unos 74,000 inversores. En su apogeo, tras la promoción presidencial, Libra alcanzó una valoración de mercado de $4.5 mil millones antes de perder más del 97% de su valor en cuestión de horas.
La justificación oficial para la disolución de la UTI, publicada en el Boletín Oficial, es que la unidad «cumplió con su propósito» y que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal.
Acusaciones de Obstrucción y Conflicto de Interés
La decisión presidencial no ha tardado en generar una ola de críticas por parte de la oposición política y observadores legales. Legisladores como Julia Strada y Maximiliano Ferraro acusaron al gobierno de evitar la rendición de cuentas y de impedir que la verdad sobre el escándalo salga a la luz. La percepción de un conflicto de interés es palpable, dado que el presidente, quien inicialmente impulsó la investigación, ahora la cierra mientras él mismo y su hermana, Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia), son objeto de una investigación judicial paralela por sus posibles vínculos con el caso.
El cierre de la UTI se produce en un momento delicado. La jueza federal María Servini, quien lleva adelante una causa penal independiente sobre el caso Libra, ha ordenado recientemente el levantamiento del secreto bancario y fiscal del presidente Milei, su hermana Karina, y otras personas cercanas al mandatario y vinculadas al proyecto Libra, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Incluso, se ha reportado que Karina Milei enfrenta acusaciones de haber aceptado sobornos para facilitar el acceso al presidente a Hayden Davis, señalado como el cerebro detrás del token Libra.
El Poder Judicial como Contrapeso
A pesar del cierre de la unidad gubernamental, la investigación judicial a cargo de la jueza Servini continúa su curso. Su decisión de solicitar los registros financieros del presidente y su círculo cercano demuestra la intención del poder judicial de actuar como un contrapeso al poder ejecutivo y de buscar la verdad, incluso cuando involucra a las más altas esferas del gobierno. Este accionar judicial independiente es visto por muchos como una prueba de la vitalidad de la separación de poderes en Argentina, aunque bajo una tensión evidente.
La UTI estaba dirigida por María Florencia Zicavo, Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y persona cercana al Ministro Mariano Cúneo Libarona. Su objetivo era determinar si existieron «irregularidades o actos de corrupción» en torno a la promoción de Libra.
Impacto en la Confianza y el Sector Cripto Argentino
El escándalo Libra y la controvertida gestión de su investigación por parte del gobierno podrían tener repercusiones significativas en el floreciente mercado de criptoactivos en Argentina. En un país con alta adopción de criptomonedas, en parte como refugio ante la inflación crónica , este tipo de sucesos puede minar la confianza de los inversores, especialmente de los minoristas.
- Desconfianza: La aparente falta de transparencia y la posible interferencia en la investigación podrían generar escepticismo hacia futuros proyectos cripto, sobre todo aquellos que cuenten con algún tipo de respaldo o promoción política.
- Regulación: El caso podría intensificar los llamados a una regulación más clara y robusta del sector cripto en Argentina, con un enfoque en la protección del inversor y la prevención de fraudes.
«Cuando un líder político promociona un activo financiero que luego colapsa, y posteriormente cierra la unidad que lo investiga mientras él mismo es indagado judicialmente, las alarmas sobre la integridad institucional se encienden inevitablemente.» – Experto en Ética Pública.
La disolución de la UTI del caso Libra por decisión presidencial, lejos de cerrar el capítulo, parece avivar las llamas de la controversia y pone el foco en la actuación de la justicia argentina para esclarecer uno de los escándalos financieros más resonantes de los últimos tiempos en el país.
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