Martín Vizcarra fué condenado por un tribunal peruano este miércoles a 14 años de prisión, tras concluir que recibió sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, en el sur de Perú. La sentencia, considerada por muchos como un reclamo de justicia histórica, suma un nuevo capítulo en una larga lista de exmandatarios condenados por corrupción en el país.

A pesar de que la pena solicitada por la Fiscalía ascendía a 15 años, la sala penal determinó que la condena total —resultado de sumar los delitos vinculados a dos grandes obras: Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua — fuese de 14 años. Además, se le impuso una inhabilitación de nueve años para ocupar cargos públicos.

Los detalles del caso: sobornos, obras públicas y corrupción

Durante el juicio, que inició en octubre de 2024, el tribunal determinó que Vizcarra aceptó sobornos equivalentes a aproximadamente 676 000 dólares (o 2.3 millones de soles) de parte de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de obtener contratos para las obras mencionadas.

El proyecto Lomas de Ilo —una línea de conducción de agua para riego agrícola— y la ampliación del hospital regional fueron los dos contratos que le valieron la condena al exmandatario. El tribunal acreditó que Vizcarra solicitó pagos ilegales y favoreció a dichas empresas durante los procesos de licitación.

Durante la lectura del fallo, la jueza a cargo explicó que se sumaron las penas correspondientes a ambos casos —6 años por uno de ellos y 8 por el otro— para llegar a los 14 años. También se determinó que la condena debía ejecutarse de manera inmediata.

Reacciones y contexto político: incertidumbre, acusaciones de persecución y consecuencias electorales

Tras conocer la sentencia, Vizcarra utilizó sus redes sociales para rechazar el veredicto: calificó la condena de una represalia política. “No es justicia, es venganza”, declaró, y aseguró que su proyecto continuará a través de su hermano, que busca participar en las elecciones de 2026 con el partido Perú Primero.

La sentencia también marca un nuevo hito en la lucha contra la corrupción en Perú. Desde 2018, el país ha visto cómo varios expresidentes han sido señalados, investigados o condenados por escándalos de corrupción, lo que evidencia una época de intensos procesos judiciales y cuestionamientos al sistema político. Con esta condena, Vizcarra se suma a ese grupo de antiguos mandatarios que enfrentan la cárcel.

Además de la pena, la sentencia contempla la inhabilitación del exmandatario para ocupar cargos públicos por nueve años, lo que borra cualquier posibilidad de que regrese a la arena política en el corto plazo.

Qué significa la condena de Martín Vizcarra para Perú y su sistema de justicia

El fallo representa una señal clara de que la justicia peruana busca castigar la corrupción, incluso cuando los implicados han ocupado los más altos cargos del poder. Para muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, esta condena puede reforzar la esperanza en el fortalecimiento institucional y en la rendición de cuentas.

Sin embargo —y como ya lo advirtió el propio Vizcarra— la decisión será objeto de apelación, lo que podría prolongar el proceso y reavivar el debate sobre su legitimidad, la transparencia del juicio y la posible politización del caso.

En el contexto electoral de 2026, esta condena también altera el panorama: Vizcarra, quien aspira a una especie de retorno indirecto mediante su hermano, ve su influencia política severamente limitada. Pero la polémica y el apoyo residual que aún tiene entre ciertos sectores podrían seguir alimentando esperanzas de algún tipo de reconfiguración en su entorno.

Finalmente, este caso vuelve a poner sobre la mesa los retos estructurales de Perú: la transparencia en la adjudicación de contratos públicos, el control de sobornos, el fortalecimiento del sistema judicial y, sobre todo, la reconstrucción de la confianza ciudadana en sus instituciones.