La expectación era máxima en Madrid y en toda España. El Tribunal Constitucional ha dado un paso decisivo al avalar el grueso de la polémica Ley de Amnistía. Sin embargo, la decisión deja un cabo suelto crucial: no se pronuncia sobre el delito de malversación, lo que prolonga la incertidumbre sobre el futuro de figuras clave del ‘procés’ catalán, como Carles Puigdemont, y aviva el debate político en la capital.
El Tribunal Constitucional (TC) ha marcado un hito en el panorama político español al avalar el grueso de la Ley de Amnistía, según un borrador de su sentencia. La decisión estima solo parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular, centrándose en aspectos menores. La ley, según sus defensores, busca «pacificar un conflicto político y facilitar la convivencia» en Cataluña.
Sin embargo, la ponencia del Constitucional ha optado por no pronunciarse explícitamente sobre el delito de malversación. Esta omisión es crucial, ya que la malversación de fondos implica la apropiación indebida o el uso incorrecto de fondos públicos por parte de un funcionario. La «neutralidad» del TC en este tema no es una ausencia de impacto, sino una decisión que redirige la batalla legal a otros tribunales, como el Tribunal Supremo, manteniendo viva la tensión política. Esto significa que, incluso con el aval general de la ley, las órdenes nacionales de detención contra figuras como Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, así como las penas de inhabilitación de Oriol Junqueras y otros condenados por el ‘procés’, podrían mantenerse.
La reacción política en Madrid ha sido inmediata y polarizada. El Partido Popular (PP) ha insistido en que la amnistía es «corrupción política», una «inmoralidad profunda» y una «indecencia», a pesar del aval del TC. Su portavoz, Cuca Gamarra, ha manifestado que esta decisión es una de las «muchas razones» para convocar manifestaciones contra el Gobierno. Esta postura demuestra que la política española está en un estado de profunda división, donde los fallos judiciales son cooptados para servir agendas partidistas, y la oposición está dispuesta a cuestionar la legitimidad de las instituciones si sus decisiones no se alinean con su postura.
El Gobierno, por su parte, ha pedido esperar a la sentencia definitiva del TC y ha defendido la «utilidad» y la «constitucionalidad» de la ley, argumentando que «ha servido para normalizar la situación en Cataluña». Vox, a través de su líder Santiago Abascal, ha culpado al PP por pactar la renovación del TC con el PSOE, lo que, según él, ha facilitado el aval a la amnistía. Sumar y Podemos han celebrado la decisión del TC, considerándola un «aval» a la política del Gobierno y una «nueva derrota» para PP y Vox.
Más allá de la política, la capital ha sido escenario de otros sucesos relevantes. Dos personas resultaron heridas de gravedad tras ser atropelladas por un coche de rally. En el ámbito deportivo, Florentino Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid hasta 2029, consolidando la posición del club como el más valioso del mundo, con una valoración de 6.000 millones de euros. Este éxito deportivo ofrece un contrapunto de unidad y celebración en un día dominado por noticias políticas complejas y a menudo divisivas. Finalmente, la policía desmanteló nueve puntos de venta de droga en Madrid, revelando el uso de «pechuga de pavo» como nombre en clave para las transacciones.
«Constitucional o inconstitucional, es corrupción política.» — Portavoz del PP
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